El
Pre-Acuerdo con el Reino Unido promovido por la Canciller Malcorra
tiene la misma matriz que el de “Madrid” de 1989/90 firmado por Cavallo.
Éste se fundó en levantar las sanciones comerciales de Europa, y el
presente, aspira a mejorar las deterioradas relaciones de Argentina con
el mundo de los negocios. En ambos casos parece primar “el fin justifica los medios”
e ignoran, no sólo los aspectos legales claramente marcados en las
Resoluciones 31/49; 2065/65; 41/11; 3171/73; 3175/73 y 3336/74 de las
Naciones Unidas; la Constitución Nacional y de la Provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y las leyes nacionales 17.319,
23.775; 26.659 y 26.915;
sino, que desprecian los derechos soberanos argentinos sobre sus
espacios territoriales, los derechos sobre sus recursos naturales, los
efectos económicos sobre los trabajadores argentinos que viven de la
explotación pesquera y, muy especialmente, los esfuerzos de los
combatientes de Malvinas, sus muertos y heridos.
Las
urgencias económicas, los avances y el mejoramiento de la relación
entre los países no pueden hacerse violando leyes y sentimientos
incorporados al ser nacional.
La
cuestión, no pasa por reiterar la cesión de soberanía o de los recursos
naturales del atlántico argentino; tampoco, desalentar aspectos
relativos a las comunicaciones, transporte, educación o sanidad; sino,
desandar el citado Acuerdo de Madrid y su “fórmula del paraguas” y
dialogar sobre fórmulas creativas que están disponibles, sin que debamos
caer nuevamente en la enajenación de nuestro territorio marítimo e
insular.
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