El gobierno Macri ha anunciado y está enviando al Congreso un paquete de Proyectos de Ley (PL) que han sido presentados ante la opinión pública como Reformas Estructurales.
Ante todo, cabe observar que estas reformas no son tales:
1. Porque no se trata de reformas propiamente dichas o cambios integrales ni de Sistemas sino sólo de baterías de medidas en distintos ámbitos, con el interrogante que no está claro si son compatibles entre sí y/o si conducen efectivamente a los objetivos nominalmente previstos, que serían la rebaja de costos empresarios, la reducción del Gasto Público y la disminución del Déficit Fiscal.
2. Porque parte de los proyectos todavía no están definidos en detalle y además se encuentran lógicamente sujetos a los cambios que se negocien fuera y dentro del Congreso para poder aprobar las leyes respectivas, de modo que igualmente no puede precisarse el sentido y alcance final de las modificaciones legales que se instauren dado que todo está en curso de negociaciones.
3. Porque los tiempos de presentación, debate parlamentario y comienzo de vigencia de las medidas que se adopten hacen a estas reformas de cumplimiento relativo puesto que la mayoría de los cambios que se proponen son graduales en su aplicación y se harían durante un período que excede el mandato del actual gobierno.
Siendo así que un collage de proyectos sin definición completa ni claras relaciones entre sí, y sin tiempos ciertos de implementación no son reformas seguras ni reformas propiamente dichas.
O sea, que la forma y los resultados de este paquete de medidas – denominado ampulosamente reformas – están todavía por verse y más aún por cuantificarse.
La clave de respuesta final a estos interrogantes – una vez sancionados los cambios que resulten de esta complejo proceso de negociaciones extra e intra-parlamentarias – va a estar en el único lugar que es el receptáculo obligado y concreto de tales modificaciones: el Presupuesto 2018; ya que este PL de Presupuesto fue elevado en tiempo y forma por el gobierno al Congreso el 15.9 pasado pero ahora va a tener cambios más que relevantes en el cálculo de los Recursos y los Gastos del Estado.
En este sentido, el PL modificado de Presupuesto 2018 será la prueba de la realidad o no del supuesto reformismo macrista en los dos años que le restan de su mandato.
Notablemente – como ya lo advertíamos reiteradamente en trabajos anteriores – toda esta cuestión de las Reformas Estructurales que venía anunciando, sin precisiones, la administración Macri no fue objeto de explicaciones oficiales ni mucho menos de debate durante la reciente campaña electoral por las elecciones parlamentarias del 22.10, ni por parte del gobierno ni por parte de la oposición.
Ahora – como era previsible – resulta que después que los partidos políticos han conseguido los votos de la ciudadanía sin haber bajado definiciones directas y concretas frente a ninguno de los graves problemas reales que sufre la Argentina, recién ahora empieza el cabildeo y debate interno de los proyectos de las llamadas reformas del gobierno Macri (esa batería de proyectos que se presenta hoy – después de dos años de gestión - para la segunda mitad de su mandato).
Dicho con otras palabras, que la administración macrista planteó las cosas así: primero denme los votos frente al peligro dialéctico de un retorno del Kirchnerismo que luego yo los sorprenderé con el paquete de medidas que llamo reformas estructurales.
Y la Partidocracia opositora acompañó esta postura.
El sentido de las Reformas
Conforme al planteo oficial, las principales reformas propuestas por el gobierno Macri son tres: Impositiva, Previsional y Laboral; y como derivado de la primera, modificaciones parciales de la Coparticipación Federal de Impuestos, en función del acuerdo firmado entre Nación y Provincias.
Este último aspecto no es un tema menor porque, aparte que en los hechos ello determina un principio de apoyo de los legisladores provinciales en el Congreso a instancias de los gobernadores respectivos, la Reforma Tributaria en particular conlleva compromisos de reducción de impuestos por parte de las provincias – fundamentalmente Ingresos Brutos y Sellos – que constituyen en promedio entre el 70 y el 80 % de sus recursos propios.
Por otra parte, estas medidas de reducción de tributos no resultarían en principio muy compatibles con la prioridad fijada según el PL de nueva Responsabilidad Fiscal – que forma parte del paquete de leyes propuesto por el gobierno - que exige la disminución del Gasto Público y el Déficit Fiscal de todos los distritos (incluso con alcance municipal) ya que obviamente se estaría trabajando con la hipótesis de una baja de Ingresos Públicos.
Esto último, empero, no es seguro que reduzca la Presión Tributaria provincial porque – aparte de que las aplicaciones de los cambios son graduales – ya varias provincias (con Buenos Aires y la CABA a la cabeza) han decidido aumentos alternativos importantes en el Impuesto Inmobiliario, además del paralelo incremento de las Tasas municipales por Servicios Generales (TSG, o ABL en la Capital) con lo que los distritos estarían compensando la rebaja de Ingresos Brutos.
Cabe recordar además que la última palabra en esta materia la tienen formalmente las legislaturas provinciales – que deben aprobar o no los acuerdos firmados por los gobernadores – y que, si bien se considera que darán conformidad sobre lo actuado, no se sabe en qué términos y en qué plazos lo harán.
Ergo, es discutible que baje la presión tributaria neta en la Argentina porque aún no está claro el balance compensatorio de reducciones de impuestos por un lado y aumentos por otro, cosa para la que habrá que esperar el citado nuevo proyecto presupuestario 2018.
Por último, una duda central que hace al nuevo resultado de las cuentas fiscales (algo que ya ha sido percibido pero de lo que poco se habla): la cuestión de si las reducciones impositivas propuestas (en caso que efectivamente se verifiquen) estarían realmente compensadas con baja de gastos por los gobiernos – nacional y provinciales – ya que se necesitaría una disminución más que proporcional de los Gastos Públicos en las respectivas jurisdicciones para compensar la supuesta rebaja de recaudación y así poder lograr una reducción final de los déficits fiscales que, como están las cosas, por el momento devienen algo bastante hipotético.
El objeto de las Reformas
Las cuentas fiscales de la Argentina no cierran y la necesidad de desacelerar el ritmo del endeudamiento del Estado, que se usa para cubrir los déficits gemelos - fiscal y externo – plantea una dualidad en el objeto de las reformas propuestas.
El paquete de PL del gobierno Macri al Congreso tiene por finalidad declarada bajar los costos impositivos, previsionales y laborales a las empresas pero dice poco acerca de cómo quedarían las cuentas públicas.
El objeto central de las reformas – siempre según la formulación oficial – sería reducir la presión tributaria (impositiva y previsional) sobre las empresas para favorecer la Inversión.
Aunque se quiere presentar estas iniciativas como factores clave de una reactivación económica no se trata, en realidad, de medidas que vayan necesariamente a incidir – y menos en el corto plazo – en las decisiones de inversión, producción y empleo dentro de la economía argentina.
Y que se puedan tomar tales decisiones en el futuro depende menos de los cambios tributarios que se instrumenten que de las condiciones fácticas que el propio gobierno Macri plantea hoy como alternativa en materia económico-financiera.
En efecto: ¿qué peso relativo tienen o pueden tener los cambios jurídicos en las decisiones de inversión empresaria cuando es el propio gobierno el que estimula, facilita y alienta la mayor rentabilidad de los negocios especulativos frente a la rentabilidad de la actividad económica?
Este dilema entre cambios legales de instrumentación a futuro versus ofrecimiento de ganancias especulativas inmediatas y/o de muy corto plazo plantea en forma determinante una inconsistencia central sobre la que se asienta la idea de las reformas oficiales: una baja de la Presión Tributaria compensatoria parcial de la creciente Presión Financiera.
Ya que esas ventajas de rentabilidad financiera siguen siendo mayores y más rápidas que las supuestas y graduales rebajas tributarias.
Dicho en términos más simples: que es dudoso que cualquier empresario altere sus decisiones económicas de inversión y producción cuando es el propio gobierno – a través del Banco Central (BCRA) – el que le ofrece ganancias especulativas a corto plazo (desde los 30 días !) en la compra de Lebac que rinden el 28-29 % anual.
Con el agravante que la propuesta de estas reformas se da en un contexto financiero adverso al de crecimiento económico que debiera llevar a que las empresas aprovechen estas aparentes rebajas impositivas:
a) Porque la política de altas tasas de interés del BCRA no sólo constituye un ofrecimiento de mayores ganancias financieras que productivas sino que mantiene el sesgo recesivo que daña la expansión de la Producción y el Empleo, con el consiguiente problema de desarrollo del Mercados que se requiere para nuevas inversiones.
b) Porque el retraso cambiario – sostenido precisamente en las altísimas tasas de interés domésticas que determina el BCRA – retro-alimenta el circuito financiero especulativo, favorece el aumento de las Importaciones y afecta el valor de nuestras Exportaciones.
c) Porque esta movida compensatoria – la idea de bajar la presión tributaria a las empresas para compensar el alto costo financiero existente – no garantiza la mayor recaudación del Estado para disminuir el Déficit Fiscal ni mucho menos garantiza la baja de la Inflación por supuesto traslado a precios de las rebajas impositivas (que es la ingenua esperanza que las empresas bajen sus precios al público por tener menor presión tributaria).
En síntesis, que la mentada reforma tributaria Macri no garantiza el logro de una reducción del Déficit Fiscal, que no constituye una verdadera modificación del Sistema Impositivo Argentino sino sólo una batería de medidas y que el mismo objetivo teórico se pudiera aspirar a cumplir por la vía más simple y directa que existe en materia de Administración Tributaria, que es la de combatir hasta sus últimas consecuencias la Evasión Fiscal.
Por estas razones, habría explicaciones realistas mucho más fundadas para suponer que el verdadero objetivo del magnificado paquete de Reformas Estructurales es otro y que, en consecuencia, lo que se estaría buscando es algo distinto al enunciado:
1. Debido al acelerado proceso de endeudamiento externo de la administración Macri - que implica un aumento del stock de la Deuda Pública y un correlativo aumento más que proporcional de los Intereses a Pagar – el Déficit Fiscal se está desbocando y es necesario acotarlo.
2. Los grandes acreedores externos están apretando al gobierno macrista para que se les garantice el pago de estos servicios crecientes de Intereses – ya que la totalidad de los vencimientos de Capital se refinancia – y ello tiene que lograrse a través de planes de Ajuste Fiscal que reduzcan y/o compensen el Déficit del Estado para poder pagarle a los acreedores.
3. El paquete de Reformas Estructurales – un conjunto de medidas muy insuficiente como para reducir significativamente el déficit de las cuentas fiscales – tendría por finalidad seguir ganando tiempo mientras se toma más Deuda Pública, que es el sostén y motor esencial de la gestión Macri.
En este contexto, la venta de la idea de Reformas a la opinión pública configuraría, en gran medida, un distractivo del empeoramiento de la verdadera situación fiscal argentina – hoy replanteada en los déficit gemelos (fiscal y externo) - pondría en evidencia el aumento de los condicionamientos extranjeros por el problema financiero insoluble del aumento de la Deuda Nacional sin capacidad de repago y mostraría, a la vez, la gravedad del cuadro que enfrenta un gobierno deuda-dependiente que necesita en forma desesperada vivir renovando vencimientos y colocando deuda adicional todos los días como parte de su Política de Gobernar con Deuda, una política sin la cual el gobierno Macri perdería automáticamente su estabilidad financiera y política.-
Lic. Héctor L. GIULIANO
Buenos Aires, 2.12.2017
NOTAS:
1 Los proyectos del Poder Ejecutivo debieran tratarse básicamente en sesiones extraordinarias y con los nuevos legisladores electos el 22.10. Se entiende que si no se logran los acuerdos necesarios para las votaciones en Diciembre, el tratamiento pasa a Febrero.
Las disposiciones de las leyes que se modifiquen y/o incorporen, a su vez, van a ser implementadas en forma gradual y, por lógica, todavía no se sabe cuáles serán ni su cronograma de vigencia.
Por último, los cambios a producirse han sido pre-consensuados a través de un acuerdo con los gobernadores de provincia y están sujetos a las adhesiones y condiciones que fijen las respectivas legislaturas.
2 Según el PL de Presupuesto 2018 el Gasto Público Total del Gobierno Nacional sería de 2.9 B$ (Billones de Pesos), equivalente a unos 150.000 MD (Millones de Dólares).
3 El Acuerdo o Consenso Fiscal firmado el 16.11 entre el presidente Macri y los Gobernadores de Provincia – salvo San Luis – compromete una serie de modificaciones tributarias y también la aprobación del PL de Responsabilidad Fiscal, que fija limitaciones al Gasto Público, al Empleo Oficial y al Déficit Fiscal, así como medidas ligadas al aumento del endeudamiento público.
4 La Tasa de Referencia de Política Monetaria del BCRA, calculada sobre operaciones de Pases Pasivos – 28.75 % anual para 7 días de plazo - está actualmente en línea con las tasas implícitas de las Letras del Banco Central (Lebac), que pagan una tasa de interés superior al 29 % en el Mercado Secundario.
Al 31.10.2017 el BCRA tenía colocadas Lebac por 1.18 B$ (equivalentes a unos 67.000 MD) y además tenía Pases Pasivos por 316.600 M$ (Millones de Pesos ≡ 18.000 MD).
5 La Argentina tiene un fuerte déficit en la Cuenta Corriente de su Balanza de Pagos: fue de 14.500 MD en 2016 y el acumulado al 30.6 de este año ya suma 12.600 MD.
Dentro de estos totales, una parte de los déficits corresponde a la Balanza Comercial (Exportaciones – Importaciones), que en 2016 fue de 4.500 MD y en el primer semestre del 2017 era de 1.300 MD.
6 Según el PL de Presupuesto 2018 el Déficit Fiscal del corriente año sería – en valor absoluto - de 633.800 M$ (≡ 32.800 MD) y el año que viene pasaría a 681.800 M$ (≡ 35.300 MD).
El Fondo Monetario (FMI), así como las Agencias Calificadoras de Riesgo – caso Standard & Poors y Moody´s – y distintos analistas financieros (locales e internacionales) se lo están observando cada vez con mayor insistencia al gobierno Macri.
7 El Estado Argentino no amortiza los vencimientos de Capital sino que los refinancia en forma total, es decir, pagando deudas con nuevas deudas; y además contrae endeudamiento adicional.
En 2018 está previsto que caigan obligaciones por valor de 66.600 MD y el gobierno Macri proyecta colocar deudas por 113.000 MD, esto es, colocando obligaciones nuevas por 46.400 MD.
Hasta el último centavo de deuda que vence se cancela con nueva deuda.
Lo que sí se paga son los Intereses de la Deuda – que son parte del Gasto Público Corriente y, como tales, factor determinante del crecimiento del Déficit Fiscal – que sumaron unos 10.000 MD en 2016, serían unos 14.000 MD este año y ascenderían a 21.000 MD en 2018.
De hecho, los Intereses a Pagar constituyen el rubro más importante del Gasto Público: en 2018 son 406.500 M$ (≡ 21.000 MD). Son más que los gastos previsionales netos (erogaciones – ingresos), que suman unos 300.000 M$.
Paradójica o sintomáticamente las autoridades, la clase política y la dirigente en su conjunto, los analistas económico-financieros y los medios de difusión en general se lamentan del crecimiento del Gasto Público que pesan sobre el Presupuesto y determinan el incremento del Déficit Fiscal pero nadie dice nada con respecto al monto, ritmo de aumento e incidencia de los Intereses de la Deuda Pública, que son el principal componente de dicho déficit.
1. Porque no se trata de reformas propiamente dichas o cambios integrales ni de Sistemas sino sólo de baterías de medidas en distintos ámbitos, con el interrogante que no está claro si son compatibles entre sí y/o si conducen efectivamente a los objetivos nominalmente previstos, que serían la rebaja de costos empresarios, la reducción del Gasto Público y la disminución del Déficit Fiscal.
2. Porque parte de los proyectos todavía no están definidos en detalle y además se encuentran lógicamente sujetos a los cambios que se negocien fuera y dentro del Congreso para poder aprobar las leyes respectivas, de modo que igualmente no puede precisarse el sentido y alcance final de las modificaciones legales que se instauren dado que todo está en curso de negociaciones.
3. Porque los tiempos de presentación, debate parlamentario y comienzo de vigencia de las medidas que se adopten hacen a estas reformas de cumplimiento relativo puesto que la mayoría de los cambios que se proponen son graduales en su aplicación y se harían durante un período que excede el mandato del actual gobierno.
Siendo así que un collage de proyectos sin definición completa ni claras relaciones entre sí, y sin tiempos ciertos de implementación no son reformas seguras ni reformas propiamente dichas.
O sea, que la forma y los resultados de este paquete de medidas – denominado ampulosamente reformas – están todavía por verse y más aún por cuantificarse.
La clave de respuesta final a estos interrogantes – una vez sancionados los cambios que resulten de esta complejo proceso de negociaciones extra e intra-parlamentarias – va a estar en el único lugar que es el receptáculo obligado y concreto de tales modificaciones: el Presupuesto 2018; ya que este PL de Presupuesto fue elevado en tiempo y forma por el gobierno al Congreso el 15.9 pasado pero ahora va a tener cambios más que relevantes en el cálculo de los Recursos y los Gastos del Estado.
En este sentido, el PL modificado de Presupuesto 2018 será la prueba de la realidad o no del supuesto reformismo macrista en los dos años que le restan de su mandato.
Notablemente – como ya lo advertíamos reiteradamente en trabajos anteriores – toda esta cuestión de las Reformas Estructurales que venía anunciando, sin precisiones, la administración Macri no fue objeto de explicaciones oficiales ni mucho menos de debate durante la reciente campaña electoral por las elecciones parlamentarias del 22.10, ni por parte del gobierno ni por parte de la oposición.
Ahora – como era previsible – resulta que después que los partidos políticos han conseguido los votos de la ciudadanía sin haber bajado definiciones directas y concretas frente a ninguno de los graves problemas reales que sufre la Argentina, recién ahora empieza el cabildeo y debate interno de los proyectos de las llamadas reformas del gobierno Macri (esa batería de proyectos que se presenta hoy – después de dos años de gestión - para la segunda mitad de su mandato).
Dicho con otras palabras, que la administración macrista planteó las cosas así: primero denme los votos frente al peligro dialéctico de un retorno del Kirchnerismo que luego yo los sorprenderé con el paquete de medidas que llamo reformas estructurales.
Y la Partidocracia opositora acompañó esta postura.
El sentido de las Reformas
Conforme al planteo oficial, las principales reformas propuestas por el gobierno Macri son tres: Impositiva, Previsional y Laboral; y como derivado de la primera, modificaciones parciales de la Coparticipación Federal de Impuestos, en función del acuerdo firmado entre Nación y Provincias.
Este último aspecto no es un tema menor porque, aparte que en los hechos ello determina un principio de apoyo de los legisladores provinciales en el Congreso a instancias de los gobernadores respectivos, la Reforma Tributaria en particular conlleva compromisos de reducción de impuestos por parte de las provincias – fundamentalmente Ingresos Brutos y Sellos – que constituyen en promedio entre el 70 y el 80 % de sus recursos propios.
Por otra parte, estas medidas de reducción de tributos no resultarían en principio muy compatibles con la prioridad fijada según el PL de nueva Responsabilidad Fiscal – que forma parte del paquete de leyes propuesto por el gobierno - que exige la disminución del Gasto Público y el Déficit Fiscal de todos los distritos (incluso con alcance municipal) ya que obviamente se estaría trabajando con la hipótesis de una baja de Ingresos Públicos.
Esto último, empero, no es seguro que reduzca la Presión Tributaria provincial porque – aparte de que las aplicaciones de los cambios son graduales – ya varias provincias (con Buenos Aires y la CABA a la cabeza) han decidido aumentos alternativos importantes en el Impuesto Inmobiliario, además del paralelo incremento de las Tasas municipales por Servicios Generales (TSG, o ABL en la Capital) con lo que los distritos estarían compensando la rebaja de Ingresos Brutos.
Cabe recordar además que la última palabra en esta materia la tienen formalmente las legislaturas provinciales – que deben aprobar o no los acuerdos firmados por los gobernadores – y que, si bien se considera que darán conformidad sobre lo actuado, no se sabe en qué términos y en qué plazos lo harán.
Ergo, es discutible que baje la presión tributaria neta en la Argentina porque aún no está claro el balance compensatorio de reducciones de impuestos por un lado y aumentos por otro, cosa para la que habrá que esperar el citado nuevo proyecto presupuestario 2018.
Por último, una duda central que hace al nuevo resultado de las cuentas fiscales (algo que ya ha sido percibido pero de lo que poco se habla): la cuestión de si las reducciones impositivas propuestas (en caso que efectivamente se verifiquen) estarían realmente compensadas con baja de gastos por los gobiernos – nacional y provinciales – ya que se necesitaría una disminución más que proporcional de los Gastos Públicos en las respectivas jurisdicciones para compensar la supuesta rebaja de recaudación y así poder lograr una reducción final de los déficits fiscales que, como están las cosas, por el momento devienen algo bastante hipotético.
El objeto de las Reformas
Las cuentas fiscales de la Argentina no cierran y la necesidad de desacelerar el ritmo del endeudamiento del Estado, que se usa para cubrir los déficits gemelos - fiscal y externo – plantea una dualidad en el objeto de las reformas propuestas.
El paquete de PL del gobierno Macri al Congreso tiene por finalidad declarada bajar los costos impositivos, previsionales y laborales a las empresas pero dice poco acerca de cómo quedarían las cuentas públicas.
El objeto central de las reformas – siempre según la formulación oficial – sería reducir la presión tributaria (impositiva y previsional) sobre las empresas para favorecer la Inversión.
Aunque se quiere presentar estas iniciativas como factores clave de una reactivación económica no se trata, en realidad, de medidas que vayan necesariamente a incidir – y menos en el corto plazo – en las decisiones de inversión, producción y empleo dentro de la economía argentina.
Y que se puedan tomar tales decisiones en el futuro depende menos de los cambios tributarios que se instrumenten que de las condiciones fácticas que el propio gobierno Macri plantea hoy como alternativa en materia económico-financiera.
En efecto: ¿qué peso relativo tienen o pueden tener los cambios jurídicos en las decisiones de inversión empresaria cuando es el propio gobierno el que estimula, facilita y alienta la mayor rentabilidad de los negocios especulativos frente a la rentabilidad de la actividad económica?
Este dilema entre cambios legales de instrumentación a futuro versus ofrecimiento de ganancias especulativas inmediatas y/o de muy corto plazo plantea en forma determinante una inconsistencia central sobre la que se asienta la idea de las reformas oficiales: una baja de la Presión Tributaria compensatoria parcial de la creciente Presión Financiera.
Ya que esas ventajas de rentabilidad financiera siguen siendo mayores y más rápidas que las supuestas y graduales rebajas tributarias.
Dicho en términos más simples: que es dudoso que cualquier empresario altere sus decisiones económicas de inversión y producción cuando es el propio gobierno – a través del Banco Central (BCRA) – el que le ofrece ganancias especulativas a corto plazo (desde los 30 días !) en la compra de Lebac que rinden el 28-29 % anual.
Con el agravante que la propuesta de estas reformas se da en un contexto financiero adverso al de crecimiento económico que debiera llevar a que las empresas aprovechen estas aparentes rebajas impositivas:
a) Porque la política de altas tasas de interés del BCRA no sólo constituye un ofrecimiento de mayores ganancias financieras que productivas sino que mantiene el sesgo recesivo que daña la expansión de la Producción y el Empleo, con el consiguiente problema de desarrollo del Mercados que se requiere para nuevas inversiones.
b) Porque el retraso cambiario – sostenido precisamente en las altísimas tasas de interés domésticas que determina el BCRA – retro-alimenta el circuito financiero especulativo, favorece el aumento de las Importaciones y afecta el valor de nuestras Exportaciones.
c) Porque esta movida compensatoria – la idea de bajar la presión tributaria a las empresas para compensar el alto costo financiero existente – no garantiza la mayor recaudación del Estado para disminuir el Déficit Fiscal ni mucho menos garantiza la baja de la Inflación por supuesto traslado a precios de las rebajas impositivas (que es la ingenua esperanza que las empresas bajen sus precios al público por tener menor presión tributaria).
En síntesis, que la mentada reforma tributaria Macri no garantiza el logro de una reducción del Déficit Fiscal, que no constituye una verdadera modificación del Sistema Impositivo Argentino sino sólo una batería de medidas y que el mismo objetivo teórico se pudiera aspirar a cumplir por la vía más simple y directa que existe en materia de Administración Tributaria, que es la de combatir hasta sus últimas consecuencias la Evasión Fiscal.
Por estas razones, habría explicaciones realistas mucho más fundadas para suponer que el verdadero objetivo del magnificado paquete de Reformas Estructurales es otro y que, en consecuencia, lo que se estaría buscando es algo distinto al enunciado:
1. Debido al acelerado proceso de endeudamiento externo de la administración Macri - que implica un aumento del stock de la Deuda Pública y un correlativo aumento más que proporcional de los Intereses a Pagar – el Déficit Fiscal se está desbocando y es necesario acotarlo.
2. Los grandes acreedores externos están apretando al gobierno macrista para que se les garantice el pago de estos servicios crecientes de Intereses – ya que la totalidad de los vencimientos de Capital se refinancia – y ello tiene que lograrse a través de planes de Ajuste Fiscal que reduzcan y/o compensen el Déficit del Estado para poder pagarle a los acreedores.
3. El paquete de Reformas Estructurales – un conjunto de medidas muy insuficiente como para reducir significativamente el déficit de las cuentas fiscales – tendría por finalidad seguir ganando tiempo mientras se toma más Deuda Pública, que es el sostén y motor esencial de la gestión Macri.
En este contexto, la venta de la idea de Reformas a la opinión pública configuraría, en gran medida, un distractivo del empeoramiento de la verdadera situación fiscal argentina – hoy replanteada en los déficit gemelos (fiscal y externo) - pondría en evidencia el aumento de los condicionamientos extranjeros por el problema financiero insoluble del aumento de la Deuda Nacional sin capacidad de repago y mostraría, a la vez, la gravedad del cuadro que enfrenta un gobierno deuda-dependiente que necesita en forma desesperada vivir renovando vencimientos y colocando deuda adicional todos los días como parte de su Política de Gobernar con Deuda, una política sin la cual el gobierno Macri perdería automáticamente su estabilidad financiera y política.-
Lic. Héctor L. GIULIANO
Buenos Aires, 2.12.2017
NOTAS:
1 Los proyectos del Poder Ejecutivo debieran tratarse básicamente en sesiones extraordinarias y con los nuevos legisladores electos el 22.10. Se entiende que si no se logran los acuerdos necesarios para las votaciones en Diciembre, el tratamiento pasa a Febrero.
Las disposiciones de las leyes que se modifiquen y/o incorporen, a su vez, van a ser implementadas en forma gradual y, por lógica, todavía no se sabe cuáles serán ni su cronograma de vigencia.
Por último, los cambios a producirse han sido pre-consensuados a través de un acuerdo con los gobernadores de provincia y están sujetos a las adhesiones y condiciones que fijen las respectivas legislaturas.
2 Según el PL de Presupuesto 2018 el Gasto Público Total del Gobierno Nacional sería de 2.9 B$ (Billones de Pesos), equivalente a unos 150.000 MD (Millones de Dólares).
3 El Acuerdo o Consenso Fiscal firmado el 16.11 entre el presidente Macri y los Gobernadores de Provincia – salvo San Luis – compromete una serie de modificaciones tributarias y también la aprobación del PL de Responsabilidad Fiscal, que fija limitaciones al Gasto Público, al Empleo Oficial y al Déficit Fiscal, así como medidas ligadas al aumento del endeudamiento público.
4 La Tasa de Referencia de Política Monetaria del BCRA, calculada sobre operaciones de Pases Pasivos – 28.75 % anual para 7 días de plazo - está actualmente en línea con las tasas implícitas de las Letras del Banco Central (Lebac), que pagan una tasa de interés superior al 29 % en el Mercado Secundario.
Al 31.10.2017 el BCRA tenía colocadas Lebac por 1.18 B$ (equivalentes a unos 67.000 MD) y además tenía Pases Pasivos por 316.600 M$ (Millones de Pesos ≡ 18.000 MD).
5 La Argentina tiene un fuerte déficit en la Cuenta Corriente de su Balanza de Pagos: fue de 14.500 MD en 2016 y el acumulado al 30.6 de este año ya suma 12.600 MD.
Dentro de estos totales, una parte de los déficits corresponde a la Balanza Comercial (Exportaciones – Importaciones), que en 2016 fue de 4.500 MD y en el primer semestre del 2017 era de 1.300 MD.
6 Según el PL de Presupuesto 2018 el Déficit Fiscal del corriente año sería – en valor absoluto - de 633.800 M$ (≡ 32.800 MD) y el año que viene pasaría a 681.800 M$ (≡ 35.300 MD).
El Fondo Monetario (FMI), así como las Agencias Calificadoras de Riesgo – caso Standard & Poors y Moody´s – y distintos analistas financieros (locales e internacionales) se lo están observando cada vez con mayor insistencia al gobierno Macri.
7 El Estado Argentino no amortiza los vencimientos de Capital sino que los refinancia en forma total, es decir, pagando deudas con nuevas deudas; y además contrae endeudamiento adicional.
En 2018 está previsto que caigan obligaciones por valor de 66.600 MD y el gobierno Macri proyecta colocar deudas por 113.000 MD, esto es, colocando obligaciones nuevas por 46.400 MD.
Hasta el último centavo de deuda que vence se cancela con nueva deuda.
Lo que sí se paga son los Intereses de la Deuda – que son parte del Gasto Público Corriente y, como tales, factor determinante del crecimiento del Déficit Fiscal – que sumaron unos 10.000 MD en 2016, serían unos 14.000 MD este año y ascenderían a 21.000 MD en 2018.
De hecho, los Intereses a Pagar constituyen el rubro más importante del Gasto Público: en 2018 son 406.500 M$ (≡ 21.000 MD). Son más que los gastos previsionales netos (erogaciones – ingresos), que suman unos 300.000 M$.
Paradójica o sintomáticamente las autoridades, la clase política y la dirigente en su conjunto, los analistas económico-financieros y los medios de difusión en general se lamentan del crecimiento del Gasto Público que pesan sobre el Presupuesto y determinan el incremento del Déficit Fiscal pero nadie dice nada con respecto al monto, ritmo de aumento e incidencia de los Intereses de la Deuda Pública, que son el principal componente de dicho déficit.
No hay comentarios:
Publicar un comentario