CASO AGREST: OTRA MAS DE LOS JUECES PROGRESISTAS

SLOKAR  O LA JUSTICIA K

El caso del asesinato de Ezequiel Agrest fue uno de los que más golpeó a la opinión pública en el 2011. Ocurrió el 8 de julio de ese año, cuando el joven, de 25 años, estudiante universitario, murió tras ser asaltado en el barrio porteño de Caballito. Había ido a la casa de una compañera y fue interceptado por un hombre, que intentó asaltarlo. Como el muchacho se defendió, el delincuente lo mató de un disparo en el pecho

En abril de 2012, el Tribunal Oral en los Criminal N° 28 condenó a Sebastián Pantano autor del crimen, a cadena perpetua, fallo que tuvo un voto en contra, del juez Luis Márquez, quien afirmó que se trató de un homicidio en ocasión de robo, lo cual prevé penas menores.

El defensor de Pantano adujo que el tiro de muerte contra Agrest “se le escapó” a su victimario, no obstante lo cual  fue condenado justa y rigurosamente por el mencionado tribunal oral. La sentencia fue apelada a Casación cayendo el tema en una sala integrada por los jueces abolicionistas Slokar, Ledesma y  Figueroa que recogieron el voto en minoría del tribunal oral y además, para reducirle la pena al asesino, dieron crédito el argumento del defensor, de que la muerte había sido accidental. Según los jueces:

"Se trató de un homicidio culposo por negligencia dado que el homicida violó el deber mínimo de cuidado al manipular un arma de fuego sin adecuar los recaudos de seguridad".

 Nos preguntamos, lógicamente, cual es el manual para delincuentes que determina el deber mínimo de cuidado con las armas cuando se sale a robar a punta de pistola y por qué si se sale en ese plan debe guardarse ese deber mínimo o cualquier otro. Parece algo cómico. Pero en el mundo del progresismo judicial todo es posible.

Para rematar estos genios del derecho, la justicia y el sentido común dicen en abono a la reducción de condena del delincuente:

."La pena (de perpetua) dictada violenta la garantía de igualdad teniéndose en cuenta que fue aplicada a un joven de 25 años cuya personalidad aún está en formación, transformándolo en un ser ajeno a la vida en sociedad, y lo confina a verse privado de cualquier proyecto que no le fuera impuesto por el Estado

Lo que sucede es que el joven aun “en formación” asesinó a una persona de su misma edad quitándole todos los derechos que podía tener desde que está en una tumba. Los argumentos de la Sala son propios de la ideología de los derechos humanos que, según ésta, se ejercen contra el poder y en este caso el poder es el Estado que le impone al asesino el proyecto de quedarse encerrado para salvaguarda de la comunidad o sea para que no siga robando y matando. Pero la lógica es algo absolutamente ajeno al progresismo garantista. Ellos piensan la sociedad y el derecho desde la óptica del Otro, del delincuente. La víctima y su familia que las parta un rayo.

 Estamos de acuerdo con la madre de la víctima, que dijo ampliamente lo que pensaba del poder judicial y de la Sala de Casación mencionada:

"Los argumentos para bajarle la pena al asesino son elementales, infantiles y absurdos. ¿De qué crueldad me hablan cuando me dicen que 25 años es mucho? Ojalá yo pudiese tener a mi hijo al menos encerrado para abrazarlo. Quién usa esos argumentos me parece un inmoral", agregó.

"Estoy muy dolorida e indignada. Porque el derecho penal sostiene el principio de igualdad, pero mi hijo no tiene voz y este pibe pide que lo saquen cuanto antes. Cuando hablan de penas duras y blandas, la dureza es un lugar en la mesa vacía, un llanto en la mesa familiar. Los padres no pueden soportar el dolor. El que dice que es una pena cruel o dura 25 años a un chico porque va a seguir bajo la tutela del Estado, es un ignorante".

ANTECEDENTES

La misma sala de la Cámara Nacional de Casación Penal había dictado el año pasado una sentencia que facilita la libertad de reincidentes. Fue al declarar inconstitucional un artículo del Código Penal que impide la libertad condicional de los delincuentes reincidentes, en un fallo en el que benefició a un hombre que tenía cuatro condenas unificadas en una pena de 25 años de prisión. A partir de esta decisión, aquellos condenados por segunda vez con sentencia firme podrán quedar libres antes de agotar la pena tras las rejas. Es la línea que sigue el CELS y por ende el gobierno actual (y todos los gobiernos progresistas anteriores). Línea orientada por Horacio Verbitzky y el ministro de la corte Zaffaroni, con referencia a las excarcelaciones. Aducen que la cárcel no regenera y que están abarrotadas con lo cual se torna inhumano recluir allí a “pobres” asesinos, violadores y delincuentes varios. En lugar de hacer que las cárceles regeneren (que sería la obligación del Estado) pretenden que los delincuentes estén en sus casas con una pulserita en el garrón o realizando la actividad que les es propia en las calles: Seguridad para los delincuentes e inseguridad para la gente decente y trabajadora.

El juez Alejandro Slokar es un juez K que apoyó a la reforma de la justicia de Cristina.  Slokar fue secretario de Política Criminal en el gobierno de Néstor Kirchner, es profesor titular de Derecho Penal de la UBA y de la Universidad Nacional de La Plata y fue autor de uno de los libros emblemáticos del garantismo en materia de Derecho Penal junto con Raúl Zaffaroni. Curiosamente afirma en apoyo a la reforma judicial kirchnerisa, que los jueces deben rendir cuentas. Esperamos fervientemente que le llegue el turno.

GUILLERMO ROJAS

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