A pesar de que discrepamos sobre la inocencia de los gobiernos anteriores al kirchnerismo en relación a la inseguridad y creemos que ningún otro gobierno del Sistema va a variar el enfoque abolicionista por falta de coraje o por convencimiento, subimos este articulo que consideramos ilustrativo
Probablemente la seguridad pública sea el área de gobierno en la que el fracaso gubernamental se muestra más evidente y por ello constituye la preocupación número uno de los argentinos.
Probablemente la seguridad pública sea el área de gobierno en la que el fracaso gubernamental se muestra más evidente y por ello constituye la preocupación número uno de los argentinos.
Con incipientes dosis de garantismo y abolicionismo penal transitaron
nuestros gobiernos democráticos desde 1983, con la fortuna de que estos
principios eran sólo tomados por los gobernantes de turno como ensayos
catedráticos (ámbito de donde nunca deberían haber salido), y es por
ello que no causaron especial efecto negativo en la seguridad ciudadana.
A partir de los últimos 12 años, en cambio, el garanto abolicionismo,
este movimiento que representado en el país por Eugenio Zaffaroni
(movimiento anacrónico y demostrado fracasado en otras latitudes hace
más de 40 años) llegó al poder. Desde la pésima
elección del camaleónico Zaffaroni como miembro de la Corte Suprema, sus
seguidores en las cátedras y otros oportunistas que ingresaron al Poder
Judicial de su mano, han hecho todo lo posible por justificar a los
delincuentes y su accionar, abandonando a su suerte a las víctimas, que
al contrario de sus contrapartes, no habían elegido serlo.
Mientras en los Consejos de la Magistratura los exámenes eran
corregidos por zaffaronianos, los aprobados llegaban a la justicia con
sed de liberar delincuentes, cualquiera fuera la razón, para halagar al
“maestro” del Supremo titular.
Los que hemos estudiado Seguridad Pública sabemos que, además del
sistema policial, el Poder Judicial y el sistema penitenciario completan
la ecuación de seguridad (o inseguridad)
En la última década, los 3 pilares funcionaron muy mal.
En la policía, los buenos oficiales se retrajeron:
detener delincuentes estaba mal visto, máxime si se usaba la fuerza (que
el Estado le otorgó por ley pero no de facto), seguramente el
procedimiento terminaba en sumario administrativo y el criminal liberado
por teléfono por el garantista de turno.
Y los malos policías aprovecharon esta “nueva onda”, y lo hicieron
para lucrar delictivamente con el crimen organizado, especialmente con
traficantes de drogas que veían en esta Argentina una tierra fértil para
el crimen.
En el Poder Judicial pasó lo mismo, la gente de
criterio, la que aplicaba el mismo Código Penal que nos hizo un país
seguro sin inventar ni forzar teorías pro delincuente, se fue
retrayendo; estos magistrados eran denominados “fachos”, mientras
ganaban poder los “garantistas” y otros inescrupulosos que bajo esa
fachada aprovechaban para vender excarcelaciones o libertades
condicionales a narcos y otras yerbas.
Resta analizar el último de la tríada, el Servicio Penitenciario,
que con sus pobres sueldos, las mismas limitaciones en el uso de la
fuerza y una alicaída infraestructura, restringe a los buenos mientras
los malos negocian informes y o escapes a los pocos presos que por multi
reincidentes llegan excepcionalmente a ingresar al sistema.
Pues así hoy llegamos a tener nuestras ciudades más importantes con niveles de violencia y muertos similares a Medellín, como es el caso del gran Buenos Aires, Rosario, y acercándose rápidamente Córdoba y Mendoza.
Estos doce años resultaron así el más grave y sangriento experimento de seguridad pública nunca conocido en el país.
El 18F mostró a la gente en la calle con miedo y buscando respuesta
al grave flagelo de la inseguridad, a más de rendir su merecido homenaje
al Fiscal Nisman.
Es por ello que el próximo gobierno, del signo que sea, deberá desechar todo lo andado, descartar la participación de todo miembro del experimento Zaffaroni (recordemos a aquellos que firmaron el “Acuerdo de -IN- seguridad democrática”…), y volver al sano criterio de modernizar las leyes teniendo como eje a la víctima,
modernizar y purificar sus fuerzas de seguridad, deberá pugnar por un
poder judicial independiente en el que legal y rápidamente se someta a
juicio a los criminales (promoviendo asimismo el enjuiciamiento de
magistrados que así no lo hagan) , para luego alojarlos en nuevas y
numerosas cárceles -que deberá construir rápidamente- para así sacar a
los ciudadanos honestos de este penal abierto en el que vivimos (siendo victimizados) todos los días.
Dr. MARTIN ECHEGOYEN LINCH
Ex Fiscal en lo Criminal
http://opinion.infobae.com/martin-etchegoyen-lynch/2015/02/26/el-garanto-abolicionismo-y-el-proximo-gobierno/#more-84
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