DEUDA-DEVALUACIÓN-INFLACIÓN Y CUESTIÓN SALARIAL

Por Héctor GIULIANO (2.1.2016)

 

La nueva administración Macri está tomando medidas sumamente importantes en materia financiera que tienen tres principales efectos inmediatos o de muy corto plazo sobre las finanzas del Estado y la economía argentina en general:

Primer efecto: Aumento de la deuda pública, con su consecuente incidencia en el déficit fiscal porque se elevan los gastos del Estado en concepto de servicios - pago de intereses y amortizaciones de capital – y se plantea la cobertura de este déficit con más deuda.
La eliminación de las retenciones sobre granos y la baja para la soja repercuten en igual sentido por la merma de los ingresos del Fisco. La inflación permite al Estado compensar esto parcialmente al mantener un alto nivel de recaudación tributaria tanto por impuestos al consumo (caso IVA) como por impuestos de base patrimonial (como Bienes Personales e Inmobiliario provincial), e incluso por el mayor valor en pesos de los derechos remanentes sobre el comercio exterior pero no le evita el crecimiento del déficit financiero fiscal.

Segundo efecto: Macro-devaluación del peso – junto con el levantamiento del cepo cambiario - con traslado de esa devaluación a los precios internos y distorsión de los precios relativos que retro-alimentan el proceso inflacionario, lo que aumenta y acelera la inflación existente provocando una caída adicional de los salarios reales.
La devaluación de Diciembre desató parcialmente el corsé de la política de retraso cambiario - seguida por la administración Kirchner para contener la inflación interna y para poder pagar deuda externa - pero ahora sus efectos inflacionarios son una realidad a la que hay que darle respuesta.

Tercer efecto: Incremento de las tasas de interés del mercado – cuyo piso lo fija el Banco Central (BCRA) a través de la colocación de deuda cuasi-fiscal por Lebac – lo que, pese a su empleo como medida anti-inflacionaria, tal incremento es igualmente un factor de inflación porque el costo financiero de las empresas también se traslada a los precios.
Este peso del costo financiero sobre la estructura de costos totales es algo sistemáticamente omitido en los análisis públicos y privados pese a que su magnitud y rapidez de transmisión a los precios es tanto o más grave que la de los costos por materias primas, insumos, mano de obra y gastos generales.

Ergo, las tres vías de acción citadas conducen por sus efectos a un mismo problema, tradicionalmente soslayado por los gobiernos y por los economistas del establishment: la relación entre Deuda Pública e Inflación.
Esto es así porque la crisis de Deuda que arrastra la Argentina en forma permanente – una crisis por insolvencia y por iliquidez – genera déficit fiscal por el costo total creciente de sus servicios financieros y es agravada con la toma de más deuda.
Dicho endeudamiento produce ciclos con períodos de retraso cambiario motivados por las necesidades de pago de la deuda externa y posteriores macro-devaluaciones compensatorias de los desequilibrios derivados de tales atrasos.
Estas distorsiones - provocadas por el sistema de la deuda - derivan en mayor presión tributaria, distorsiones de precios/tarifas de servicios públicos y aumento de las tasas de interés.
Todo lo cual lleva a niveles adicionales de endeudamiento e inflación, con la pérdida consiguiente del poder adquisitivo de los sectores con ingresos fijos, que no pueden responder a los aumentos de precios que soportan sobre bienes y servicios con la misma velocidad que estos aumentos se producen.
Y este es un tema clásico en la historia argentina reciente del que hoy – una vez más - no se tiene ninguna garantía de salida porque, sobre la base de una ya elevada inflación existente, en poco tiempo los precios tuvieron un aumento adicional tan extraordinario como generalizado como para revertirlos.
El ministro de Economía Prat Gay ha reconocido esta situación y planteado la necesidad de retrotraer los precios al 30.11 pasado, a los efectos de volver a niveles de referencia más manejables previos al descontrol de las últimas semanas, pero todavía no se ven los resultados de tal intención y, en cambio, se considera cada vez más difícil lograr este objetivo.
Con el agravante que, obnubiladas por el desborde reciente, las autoridades podrían intentar no tomar ya en cuenta el total de la inflación acumulada durante el segundo semestre del 2015 ni querer discutir con los sindicatos el desacomodamiento de precios producido desde el mes de Octubre en adelante con el argumento de proponer actualizaciones salariales en base a proyecciones de inflación futura y no de recupero de la inflación pasada, que es la real y ya producida.

La nueva administración Macri imputa a la anterior – CFK – haber dejado a fines de su mandato la remarcación de precios como “zona liberada”; y la saliente administración Kirchner replica que la disparada de aumentos de precios se produjo por las expectativas devaluatorias desatadas con el anuncio de levantamiento del cepo cambiario por parte del entonces candidato Macri.
La verdad es que ambos tienen razón, pero lo único concreto es que ahora hay que atender a una realidad que ya reconoce por lo menos un 3.5 % de aumento de precios en Diciembre y que llevaría la inflación anual del 2015 a un 26-28 % o más.
Hasta el momento no se conocen medidas específicas y efectivas del gobierno Macri para frenar este aumento de los precios ni mucho menos retrotraerlos y, por el contrario, se anuncian nuevas decisiones que provocarían incrementos ulteriores, como el caso del aumento de precios y tarifas de los servicios públicos.
El tema es clave para la política económico-financiera del nuevo gobierno porque es en función de ello que falta encarar las re-negociaciones salariales pertinentes después de esta última escalada inflacionaria, cosa que empezará a ser discutida con los sindicatos y las cámaras empresarias respectivas a partir de la convocatoria de un Consejo Económico y Social desde mediados de Enero.

Como ya ocurriera en otras oportunidades de la historia reciente - la macro-devaluación de 2002 fue un ejemplo paradigmático al respecto – la clave reside siempre en hacer que los efectos inflacionarios de la depreciación del peso se lo traguen o absorban a pérdida los sectores de ingresos fijos (fundamentalmente asalariados y jubilados/pensionados).
La forma más directa de lograr esto es con el desfase financiero entre precios y salarios, esto es, con actualizaciones de ingresos que tengan un tratamiento diferido en el contexto de un proceso inflacionario.
La idea de diferir la cuestión salarial hasta después del verano - de modo de ganar tiempo hasta marzo – respondería a este criterio, beneficiando así a los empleadores (empresas privadas y Estado) con la brecha entre ingresos por ventas y gastos por mano de obra durante los tres o cuatro primeros meses de gestión del nuevo gobierno.
Este problema constituye la clave financiera de la cuestión salarial y amerita una explicación más pormenorizada.
Los aumentos de salarios y jubilaciones conllevan siempre una ventaja para el sector empleador porque los incrementos que se pactan normalmente nunca son retroactivos sino que se acuerdan siempre hacia adelante – e incluso en forma escalonada - lo que implica que el costo de las diferencias por aumento de precios producidas durante el período que media desde la última actualización hasta las fechas de convenio no se recupera a favor de los trabajadores.

El punto anterior – un clásico notablemente omitido en las paritarias - es particularmente importante en momentos de crisis financiera como el actual, en que se pretende que los aumentos por recupero del valor de los salarios no se pacten por la inflación pasada sino por la inflación futura (que tiene invariablemente una proyección más baja).
Paralelamente, esta postura restrictiva se endurece denegando el otorgamiento de bonos compensatorios a cuenta de futuros aumentos y se desliza la velada amenaza de no aceptar fuertes reclamos de ajuste salarial por temor a un mayor desempleo.
Tal criterio omite sin embargo advertir que, con las altísimas tasas de interés vigentes y aún manteniéndose en lo sucesivo cierta estabilidad de precios y costos después de los grandes aumentos ya producidos, los empleadores estarían en condiciones no sólo de ahorrarse el pago de los meses de inflación transcurridos sino incluso de compensarlos parcialmente con el producto de colocaciones financieras que hicieran durante el período en que esos fondos no sean pagados a los trabajadores.
Se trata – esto último – de un procedimiento sobre el cual el empresariado argentino tiene vasta experiencia histórica al respecto, como ya ocurrió en los tiempos de altísimas tasas de interés bajo la gestión Martínez de Hoz, de los planes Austral y Primavera durante la administración Alfonsín y de la convertibilidad menemista, en que el pago de los salarios se compensaba casi íntegramente en la práctica porque los mismos se pagaban con la capitalización de intereses de las colocaciones financieras durante el mes mientras que las fechas de liquidación de haberes no se modificaban.
Obsérvese la importancia de este punto cuando, por ejemplo, el ministro de Energía Aranguren anuncia que habrá aumentos de precios y tarifas de servicios públicos a partir de Enero y que, además, las facturas eléctricas bajarán su frecuencia de bimestrales a mensuales para mejorar así la disponibilidad de sus recursos.
Por equiparación justa y lógica frente a la disminución de los ingresos reales por efecto de la inflación este razonamiento financiero debiera ser aplicado también a los salarios.
La baja o menor frecuencia de los períodos de ajuste e indexaciones, que hoy están a nivel mensual, pudiera o debiera incluso dar lugar a liquidaciones de haberes que pasen de mensuales a quincenales e incluso semanales, en casos de emergencia.

Obviamente que este punto constituye una variante tan equitativa como peligrosa debido a su potencial hiper-inflacionario, por lo que sólo es coherente que se plantee en caso de grave crisis financiera (como las que ya ha habido en la Argentina varias veces, aunque sin que tal tipo de reclamos se diese ni se reclamara siquiera).
Pero lo que sí es válido y debiera constituir una exigencia en el caso de las remuneraciones es la paridad de tratamiento de estas ventajas y desventajas específicamente financieras derivadas del proceso inflacionario para que todos los sectores económicos y sociales estén en las mismas condiciones frente a las medidas de gobierno.
No es justo que haya sectores beneficiados y perjudicados por este tipo de desfases financieros, con el tradicional costo irrecuperable cargado sólo sobre los sectores de ingresos fijos, ya que el lucro compensatorio de la inflación vía colocaciones financieras y/o adelanto de cobro de precios/tarifas de servicios públicos – con su correspondiente amplificación impositiva - no tiene correlato y afecta solamente a los sectores asalariados.
Dar largas al asunto de los incrementos salariales y jubilatorios que compensen el aumento de precios ya producido por la macro-devaluación y las especulaciones de mercado - efecto inflacionario ex ante más que a posteriori del levantamiento del cepo cambiario – pone en desventaja los ingresos de trabajadores y jubilados. Y sería incluso una suerte de re-edición de lo ocurrido durante la salida de la Convertibilidad en el 2002 - bajo la administración Duhalde – que redujo así sustancialmente el peso de los ajustes salariales por debajo de la inflación. Cosa que – como dijimos – es lo que conviene al sector empresario y también al propio Estado como empleador.

Se piensa que el gobierno Macri buscaría moderar gran parte de los reclamos sindicales a cambio de facilitar el pago – en cuotas y con bonos de la deuda pública – de los atrasos de pago a las obras sociales de los gremios, correspondientes al Fondo Solidario de Redistribución (FSR) , que hoy suman más de 25.000 M$ (Millones de Pesos).
Esto toca especialmente a la idea de pactar ajustes de salarios según inflación futura proyectada y escalonada en lugar de hacerlo según la inflación real pasada y con retroactivos
Adicionalmente, la reciente declaración de la emergencia estadística – después de los desaguisados cometidos deliberadamente por la administración Kirchner en el INDEC para ocultar la inflación real – es otro factor que entorpece la claridad de los datos de base para las próximas actualizaciones salariales, lo que complica las cosas aunque se dispondría de un Índice Minorista o IPC provisorio como referencia (que quizás no debiera diferir mucho del IPC Congreso llevado hasta Diciembre).

Este problema de fondo del desfase financiero en las actualizaciones salariales – un tema normalmente soslayado en las discusiones paritarias – adquiere hoy una importancia significativa y constituye una de las claves que están en juego frente al efecto inflacionario combinado de las devaluaciones con traslado a precios y del aumento de las tasas de interés.
Éste es el modo en que la secuencia financiera deuda-devaluación-inflación – a través del mecanismo especulativo de arbitraje entre tipos de cambio y tasas de interés y en un contexto de deuda pública impagable – impacta, agrava y determina los problemas de la economía real cuyas consecuencias paga todo el pueblo argentino.

Lic. Héctor L. GIULIANO
Buenos Aires, 2.1.2016