LA INVESTIGACIÓN CONJUNTA CON EL
REINO UNIDO
Y LA VALIOSA ENTREGA BIOLÓGICA
DEL CALAMAR ARGENTINO
El Reino Unido de Gran Bretaña
(R.U.) tenía ocupada Malvinas desde 1833, las que sostenía precariamente y, a
ello, agregaba, las tres millas marinas a su alrededor. El R.U. seguía
aplicando la Teoría del holandés Cornelius van Bynkershoek, que sostenía que
los Estados ribereños tenían derechos a las aguas adyacentes y que éstas
alcanzaban la distancia del tiro de cañón desde la orilla, es decir unas tres
millas marinas.
El 14 de junio de 1982 las tropas
argentinas iniciaron su retirada de las Islas Malvinas y, ya, el 23 de julio el
R.U. estableció una zona de exclusión centrada en el mismo punto del estrecho
de San Carlos, declarada "Zona de Protección Militar" (FIPZ); con un
radio de 150 millas. Luego, como respuesta a la firma de los Acuerdos Pesqueros
(llamados Marco) con la URSS y Bulgaria el 28 de julio de 1986 por parte de
Alfonsín-Caputo, con la ingenua pretensión de que los buques de esos países
pescaran en Malvinas, el Gobernador ilegal británico en Malvinas, el 24 de
octubre de 1986 anunció la creación de la «Zona Provisional de Conservación y
Administración de Pesquerías (FICZ) de 150 millas, la ZEE y una Plataforma
Continental de 200 millas alrededor de las Islas medidas desde las Líneas de
Base…por orden de la Reina Elizabeth II y por la Gracia de Dios»,
estableciendo, por primera vez, una zona de pesca vedada a los buques
argentinos, que incluyó una Ordenanza de Pesquerías promulgada por la
Legislatura de la «Colonia», dando lugar, a que el R.U. se considerara un país
ribereño, en acuerdo a las prescripciones de la Convención de las Naciones
Unidas del Derecho del Mar (CONVEMAR), promovida en la Argentina por Domingo
Cavallo, quién gestó la sanción de las leyes 23.968 sobre “los espacios marítimos”
y la ratificación de la CONVEMAR (Susana Ruiz Cerutti, fue quién la firmó) por
la Ley 24.543, que le facilitó al R.U. decretar la ZEE de 200 millas alrededor
de Malvinas, al considerarse un Estado ribereño.
Hecha esta introducción,
ubiquémonos por un momento en 1976: los habitantes de Malvinas no conocían que
era un Calamar. Cuarenta años después, pescan a través de licencias otorgadas a
buques extranjeros, fundamentalmente españoles, 68 mil toneladas de esta
especie, con un total de 168 mil toneladas de pesca (2017), con picos de 400
mil (1999), 300 mil (2007) o 450 mil (2015), donde el calamar ha sido la
estrella en la mayoría de los años. Las exportaciones pesqueras de Malvinas se
destinan en un 94% al mercado español y representan el 75% de los ingresos de
Malvinas.
Un 60% del millón de toneladas,
valuadas en unos 2.000 millones de dólares anuales, que los buques extranjeros
pescan ilegalmente en el Atlántico Sur, corresponden al Calamar.
Trataré de ser lo más sencillo
posible: el calamar Illex argentinus (su solo nombre científico ya es
elocuente) migra anualmente hacia el área de Malvinas (GAP), la plataforma
continental y al talud y, es el sostén principal de los ocupantes de las Islas,
pero, también, la interrelación de los habitantes con terceros países de
Europa. En este escenario ¿a alguien se le ocurriría darle información
biológica sensible -fundamental para la economía en Malvinas- a los británicos?
Sí. Al gobierno argentino sí.
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El 28 de noviembre de 1990 firmó
el Acuerdo de conservación conjunta argentino-británica de los recursos
marítimos argentinos en el Atlántico Sur. El R.U. conocía, la dependencia
biológica del recurso que migraba del mar continental argentino hacia el área
de Malvinas e inició una acción destinada a sensibilizar la opinión pública
(también hoy lo hace la Armada y la Prefectura) y también a los ambientalistas,
biólogos y, diplomáticos de Cancillería, respecto a que los buques extranjeros
sobrepescaban el recurso. No se referían los británicos a las licencias
otorgadas por ellos, que también depredaban y depredan, pero, utilizaron este
pretexto, para concertar una conservación conjunta con Argentina desde Chubut
hasta la Antártida. Esta argumentación pública, era absolutamente falsa, ya que
lejos de reducir las capturas en el área de exclusión de Malvinas (FICZ), los
británicos las aumentaban en 1989 con relación a la campaña anterior.
Años antes, la FAO ya había
informado que «había un desorden general en las pesquerías del sur», atribuido
en gran medida a la actividad del R.U., ya que éste había atraído gran cantidad
de buques extranjeros a la región. No obstante, se estableció esta Comisión
Conjunta de Pesca del Atlántico Sur, para evaluar la situación de los recursos
pesqueros a la altura de la Península de Valdez (Latitud 45ºS), por encima del
Golfo de San Jorge de Chubut hasta debajo de las Islas Sándwich del sur
(Latitud 60ºS), es decir, ya no en la FICZ, sino frente a los mares de Chubut,
Santa Cruz, Tierra del Fuego y la Antártida. Un verdadero relevamiento
biológico de nuestro recurso con el consentimiento, que le permitiría
establecer su propia estrategia a la hora de otorgar licencias pesqueras a
buques extranjeros (¡!).
El propio experto inglés, Robin
Churchill, nos decía: «el gobierno británico, si bien está preparado para
levantar la FICZ a favor de un régimen multilateral, en la práctica no querrá
hacerlo, para no perjudicar la economía de los isleños», dejando en claro, que
bajo la supuesta vocación ecologista, los británicos necesitan conocer el
ecosistema de la región, para tener más certeza sobre el futuro del recurso.
La Subsecretaría de Pesca de
entonces puso a disposición del Acuerdo los buques Oca Balda y Holmberg del
INIDEP para que los británicos conozcan en detalle nuestros recursos; algo, que
muchos países consideran un secreto de Estado; pero que, en el caso de la
Argentina, adquiere una mayor gravedad, en razón, de la explotación ilegal de
nuestros recursos por parte de Reino Unido de Gran Bretaña.
Nuestro país les prestó
tecnología, el conocimiento, la biología, la concentración, el stock, los
sistemas migratorios y de interrelación de las especies, etc. información que
es sustancial para la economía de Malvinas y, en ello intervinieron, nuestros
más prominentes científicos, de los que el Reino Unido carecía.
En la VII Reunión de la Comisión
de Pesca del Atlántico Sur reunida en Buenos Aires el 18/19 de noviembre de
1993 con la participación de representantes británicos y el compromiso del
titular del Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) el
subcomité científico señaló: «las autoridades argentinas adoptarán las medidas
de administración apropiadas para la conservación del recurso». La misma
Comisión, que este gobierno ha revitalizado, después que el 6 de diciembre de
2005 se dejara sin efecto, cuando los ingleses otorgaron licencias pesqueras
por 25 años, en una clara demostración de la actitud depredadora con la que
pescan.
Ahora, el gobierno reedita esta
Comisión a partir del pacto Foradori-Duncan del martes 13 de septiembre de 2016
y, los británicos, no son ecologistas inocentes. No solo desean conocer
nuestros recursos, sino también, conociéndolos, regularlos, a partir de las
normas autoimpuestas desde la CONVEMAR.
Hoy, 1 de febrero de 2019, está
saliendo el buque de investigación Victor Angelescu del INIDEP para conocer el
stock, la disponibilidad, migración etc. del Calamar en el Atlántico Sur y,
junto con la dotación de científicos argentinos, participarán dos
investigadores británicos, una verdadera entrega científica, tecnológica y
biológica en favor de quienes ocupan en forma prepotente Malvinas. Ahora, por
si esto fuera poco, el buque es conducido por hombres de la Prefectura Naval
Argentina. Indigno.
Dr. César Augusto Lerena
Experto en Atlántico Sur y Pesca,
ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Ctes) ex Profesor
Universidad UNNE y FASTA, Asesor en el Senado de la Nación, Doctor en Ciencias,
Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de
Entrega”) y articulista de la especialidad.
1 de febrero de 2019
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