Señores:
Hace algo mas de un año, dos abogados, Juan Ignacio Ymaz y Mariano Gradin, este último aquí presente, a quienes les reiteramos nuestro homenaje, sensibles a la situación que vivían nuestros presos políticos, imaginaron la necesidad de agrupar abogados para visitar las cárceles, actividad que el primero hacía desde tiempo atrás.
Esta fue la semilla que muy pronto germinó. Ya en enero de 2009 éramos casi veinte, cuando formalizamos la Asociación, en agosto de ese año fuimos doscientos y hoy somos alrededor de trescientos abogados, además de los numerosos adherentes.
Si bien acerca de este drama siempre tuve la misma posición y pensamiento, luego de mi primera visita a la cárcel de Marcos Paz, y compartir un par de horas con los cautivos, asumí el firme compromiso de ocuparme en la medida de mis posibilidades, de la suerte de estos hombres sometidos al escarnio de ese injusto y vejatorio encierro. Cito mi experiencia por cuanto es la que mas conozco. Pero ello nos pasó a todos quienes iniciamos la concurrencia metódica a las cárceles de Marcos Paz, Ezeiza, Campo de Mayo y Villa Devoto. Desde hace más de un año, los abogados de nuestra Asociación, hemos tenido presencia todos los miércoles en estos sitios de cautiverio. Puedo asegurarles que luego de cada visita salimos edificados en nuestro espíritu y resueltos a luchar para procurar la libertad de estos hombres, que en su momento cumplieron con su deber de soldados en defensa de los valores sustantivos de la patria. Desde esta experiencia, frente a esta realidad, ningún argentino bien nacido puede permanecer indiferente.
Esta fue la semilla que dio origen a nuestra Asociación de Abogados para la Justicia y la Concordia, y será siempre el motivo que animará nuestra gestión.
Cuando conformamos nuestra Asociación, lo hicimos escandalizados por las violaciones a los derechos humanos y a las más elementales garantías constitucionales que se estaban negando en los juicios por los hechos ocurridos en la guerra de los años 70.
Hace medio siglo aparecieron los primeros focos de la guerrilla rural en la provincia de Tucumán, y de la acción de estos y otros grupos que en los años siguientes recurrieron a la violencia, fue expandiéndose una verdadera guerra interior. El conflicto se acentuó en la década del 70. Lamentablemente, al restablecerse en 1973 el régimen constitucional, las tres primeras medidas del Congreso y del Poder Ejecutivo fueron disolver la Cámara Federal en lo Penal con competencia para juzgar a los imputados de hechos terroristas, derogar la legislación penal que sancionaba tales conductas y liberar a todos los imputados, incluso procesados y legítimamente condenados por actos terroristas. La guerra adquirió una intensidad sin precedente. Diariamente ocurrían homicidios, secuestros, usurpaciones, asaltos y otros gravísimos delitos.
A partir de decretos dictados por Isabel Perón e Italo Luder, ante una situación caótica que desbordaba a las instituciones policiales, en 1975 se ordenó a las fuerzas armadas que aniquilaran el accionar terrorista. La guerra prosiguió con su secuela de excesos, hasta que finalmente la embestida guerrillera quedó bajo control, con muy aislados brotes de violencia.
La Argentina había encarado un proceso de pacificación mediante la solución implementada con el dictado de las leyes de amnistía o perdón llamadas de punto final y de obediencia debida, para aquellos que cumplían funciones subordinadas, leyes que fueron convalidadas por la CSJN. Esta política fue continuada y profundizada por los presidentes Menem, De la Rua y Duhalde, mediante los indultos, hasta que el gobierno de Kirchner, trastocó todo, instaurando el aberrante régimen de venganza, enfrentamiento e ilegalidad que vivimos hoy.
Lo hizo removiendo a los integrantes de lo que el llamaba la “mayoría automática” de la Corte del Presidente Menem, sólo para reemplazarla por otra “mayoría automática” en lo que a esta materia respecta, que le asegurara la reapertura de todos los juicios a militares e integrantes de las fuerzas de seguridad. Sólo a ellos y no a los guerrilleros que tomaron las armas contra el estado argentino, muchos de los cuales hoy ocupan importantes cargos en el gobierno.
Mediante fallos condenados por los más ilustres autores de la Argentina, incluida la Academia Nacional de Derecho, en dictamen unánime, esta Corte ha barrido principios liminares del derecho, entre ellos el de legalidad (Art.18, CN), irretroactividad de la ley penal, aplicación de la ley penal más benigna y cosa juzgada. Principios éstos cuya instalación y vigencia insumió siglos de la historia de Occidente.
Revisaron decisiones soberanas de los otros dos poderes y les quitaron insólitamente los instrumentos –facultad de dictar amnistías e indultos- que la Constitución les dio para lograr el fin perseguido en el Preámbulo: consolidar la paz interior.
Hoy hay más de 700 presos políticos, y son presos políticos por cuanto su detención obedece a una decisión política, inspirada en oscuros designios ideológicos. Para ello, el gobierno se vale de la complicidad de jueces miedosos y corruptos. Estos deben saber que enfrente tienen a trescientos abogados que los estamos mirando. Se sigue deteniendo gente- todos mayores o ancianos, muchos de los cuales tenían 20 años o poco más en épocas de la guerra, que son los únicos a las cuales se les niega en la Argentina las más elementales garantías de que goza un ciudadano: les niegan la excarcelación; los mantienen detenidos 5 o 6 años sin condena (contra todo que dicen los Tratados de DDHH), se los mantiene en cárceles pese a tener más de 70 años. Han muerto en cautiverio más de 80 de ellos- Hoy tenemos que lamentar la muerte del Tte.Cnel. Zimmermann, nueva víctima de este lacerante proceso Los presos políticos son víctimas de la persecución judicial organizada por el gobierno argentino y de la fenomenal campaña de propaganda montada para desvirtuar un lamentable conflicto caracterizado como guerra civil revolucionaria por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la época del presidente Alfonsín (1983-1989).
.Al asumir las autoridades constitucionales el 10 de diciembre de 1983 resolvieron enjuiciar a los comandantes en jefe, sustanciándose un proceso ante el Consejo Supremo y, simultáneamente, dispusieron denunciar a los dirigentes de la guerrilla en actuaciones que tuvieron limitada proyección. En cambio, los tribunales federales, después de abocarse al conocimiento de los procesos castrenses, vulnerando la garantía del juez natural, avanzaron hacia toda la línea de mando de las fuerzas armadas, de seguridad y policiales, sin excluir a quienes ostentaban las jerarquías más modestas como oficiales o suboficiales.
A partir de 1987, surgieron levantamientos militares que finalmente fueron superados con la sanción de las leyes de punto final y obediencia debida. También los imputados de hechos subversivos fueron incluidos por el Congreso entre los beneficiados con la extinción de las acciones penales. Finalmente, en 1989 y 1990, se dictaron amplios decretos de indulto para todos los que participaron en la guerra.
Ante el estupor de muchos que consideraban superado el conflicto, e impulsada por motivaciones ideológicas y resentimientos, la confrontación resurgió y, con auspicio oficial, se forjó una visión asimétrica y unilateral del último medio siglo, en la que los agresores de la sociedad civil quedaron transformados en "jóvenes idealistas" que habían sido injustamente perseguidos.
En los últimos seis años, se acentuó el hostigamiento contra militares y policías. Se anularon los indultos que habían sido homologados por la Corte Suprema; el Congreso anuló las leyes que habían extinguido las acciones penales, reabrió los procesos y vulneró la garantía de la cosa juzgada; asimismo, ejecutó un amplio abanico de medidas persecutorias que sólo sirven para profundizar la discordia y frustrar la necesaria unión nacional.
De esta forma, cientos de militares con destacados servicios y carreras impecables, después de haber permanecido sin objeción en sus respectivas fuerzas, ascendido a jerarquías superiores en plena democracia, comenzaron a ser imputados por la justicia por hechos de casi treinta años atrás, detenidos y sometidos a un largo encarcelamiento sin pena ni juicio. El mismo Estado que durante un gobierno constitucional les encargó aniquilar las fuerzas irregulares que sumieron al país en la violencia de una guerra revolucionaria; el mismo Estado que les impartió luego las órdenes de combate mediante las cuales derrotaron a las organizaciones terroristas, el mismo Estado que dictó leyes que significaron tres amnistías sucesivas, el mismo Estado que revisó prolijamente sus casos y los mantuvo en actividad después, durante una década y media, sin cuestionar su conducta, cambia radicalmente de postura muchos años después para instalar una persecución tardía e ilegal.
La situación es hoy extremadamente grave porque, contrariamente a lo resuelto por la Cámara Federal cuando juzgó a los comandantes, en el sentido de que la defensa de la sociedad agredida había sido monopolizada por las fuerzas militarizadas, sin participación de los funcionarios que cumplían actividades civiles, ahora se pretende extender a estos sectores la responsabilidad por las extralimitaciones cometidas en el curso de la guerra. Al convalidar la detención del ex ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, Dr. Jaime Smart, la cámara del distrito llegó al extremo de sostener que la sola circunstancia de haber aceptado y desempeñado tal cargo es suficiente para involucrarlo en la ejecución de hechos en los que no tuvo ni pudo tener participación alguna. Con esta nueva línea jurisprudencial, la revancha ya no tiene límites.
La cuestión no es ya meramente jurídica, sino de naturaleza moral. No es el horror de la guerra lo que está bajo examen, sino la opción sistemática por alternativas que, transcurridos casi cuarenta años desde que comenzara la etapa más violenta de la contienda, alientan el odio y la desintegración social, al empujar a los más extremados a reacciones graves e imprevisibles. Son ya cerca de setecientos los presos políticos y el número crece de modo inquietante. Digo bien, se trata de presos políticos. No se puede seguir hablando de República, de derechos humanos y Estado de derecho mientras subsista esta ominosa situación.
Se mantiene a la Justicia Federal ocupada casi con exclusividad en el juzgamiento de estos hechos ocurridos hace 30 años, cuando es la misma Justicia Federal la que debe investigar en todo el país los actos de corrupción de los funcionarios del gobierno, la que juzga los delitos de tenencia de armas y tráfico de drogas.
Como resultado, a los ciudadanos nos matan como perros, reina la impunidad para los funcionarios y los delincuentes; se envía un mensaje muy claro a las fuerzas de seguridad de no intervención: sólo sus miembros no gozan de los derechos procesales mínimos cuando se los juzga, se mantiene al país enfrentado alimentando rencores del pasado, y todo en un marco de completa ilegalidad.
. Abel Posse , en un formidable artículo publicado hace algún tiempo en La Nación, que provocó la ira de la izquierda y de casi toda la dirigencia política frívola, afirmaba que “ con persistencia gramciana, los guerrilleros que rodean a los Kirschner aunque ya estaban generosamente indemnizados por sus derrotas de los 70, lograron afirmar la teoría de demoler las Fuerzas Armadas, lograr que los policías se sientan mas amenazados e inhibidos en la tarea de represión de los delincuentes en su agresión y que la justicia se ausenta en este proceso de crisis, sin reaccionar con energía ante la creciente criminalidad. Concediendo excarcelaciones a una gran cantidad de delincuentes, incluso en casos de asesinatos y uso de armas”. Debemos agregar, mientras mantiene encerrados ilegalmente a quienes, como los jueces son concientes, de ningún modo su libertad significa el menor riesgo para la sociedad.
Rechazamos, por razones morales, que se cometan las mismas aberraciones jurídicas con quienes hoy gozan de los favores oficiales y desempeñan altísimos cargos en los tres poderes del Estado nacional. Las acciones penales contra todos los contendientes están irreversiblemente extinguidas y así deberán declararlo en algún momento los jueces, si la Justicia es finalmente restablecida. Porque, como lo ha declarado la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales en su dictamen del 25 de agosto de 2005, descalificó la línea jurisprudencial iniciada a partir de 2004, "los principios de legalidad, irretroactividad de la ley penal, ley penal más benigna, cosa juzgada, derechos adquiridos, no sólo están en el texto de la Constitución nacional, sino en su espíritu y, más aún, constituyen la esencia del constitucionalismo clásico de los siglos XVIII y XIX, principios que no han sido modificados por las etapas posteriores del constitucionalismo, que tienen varios siglos de vigor y que nunca han sido cuestionados".
La Convención Reformadora de 1994, en la misma sesión plenaria que aprobó la redacción del actual artículo 75, inciso 22, y otorgó jerarquía constitucional a varios convenios internacionales, rechazó la pretensión de que los delitos de lesa humanidad fueran imprescriptibles y no susceptibles de amnistía, indulto o conmutación. Sobre el punto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos autorizan la amnistía y el indulto "en todos los casos", incluso "para los delitos más graves".
¿Cómo es posible que ahora se reclame que los jueces juzguen y condenen rápidamente a quienes ya han sido amnistiados o indultados por delitos que, además, se encuentran prescriptos?
Todo esto configura un verdadero desvarío jurídico que incrementa el rencor y el resentimiento. Queda así en evidencia que no median obstáculos jurídicos genuinos que impidan recurrir a medidas pacificadoras, como lo hicieron los pueblos sabios, en Europa y en América, para aplacar los odios engendrados por los enfrentamientos internos.
Necesitamos llegar al Bicentenario con la Nación en paz, y para ello es preciso proceder con grandeza, y levantar las banderas de la concordia y la reconciliación. Ello exige como premisa concluir con la prédica de la inquina y la venganza.
No pretendemos reivindicar en particular a nadie. Simplemente denunciamos que si consentimos la violación de los principios constitucionales penales, no importa a cuál de nuestros adversarios le sea aplicado, estaremos poniendo en peligro la libertad de todos los ciudadanos para el futuro y abriendo las puertas a la tiranía. Desconocer el principio de legalidad -Art. 18 de la CN –que es el que contiene todas estas garantías- es el primer paso para la instauración de un grosero despotismo. Creo que si se tira abajo el principio de legalidad, en la República Argentina quedamos todos bajo libertad condicional.
Algunas de las acciones realizadas que podemos destacar, fueron nuestros viajes, a Rosario, donde nos entrevistamos con el Colegio de Abogados, familiares de presos políticos y visitas a la prisión federal y a la cárcel provincial. A Córdoba, donde nos entrevistamos con el vicepresidente de la Cámara Federal, familiares de los presos políticos, a quienes visitamos en el penal de Bower. Asimismo realizamos un acto público en la Bolsa de Comercio, con gran concurrencia. En ambas ciudades dejamos sentadas las bases para la conformación de asociaciones similares a la nuestra. En el mes de octubre organizamos una mesa redonda en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, con el tema “El Bicentenario la Justicia y la Concordia” a cargo de los Dres. José María Bandieri, Vicente Massot y Jorge Vanossi, donde también hubo una numerosa concurrencia. El 11 de noviembre en el marco del Congreso de la Unión Internacional de Juristas Católicos, celebrado en Madrid, nuestros consocios y miembros de la Mesa Directiva, Dres. Eduardo Bieule y Octavio Schindler, presentaron los objetivos de nuestra Asociación, junto a la denuncia de los hechos que dieron motivo a su fundación. Desde ya destacamos la relevancia de esta presentación, atento a la importancia de los representantes de los países concurrentes y la estrecha relación que mantiene la institución con la Santa Sede.
Hemos concurrido y seguiremos haciéndolo a las audiencias públicas en las distintas causas en que estén involucrados los presos políticos, muchas de ellas con bastante similitud a un circo romano.
Señores, debemos poner nuestro esfuerzo en despertar la conciencia de nuestra sociedad, influida por la historia mentirosa que aturde desde hace treinta años. Debemos empeñarnos en instalar el tema en la dirigencia política, que hasta ahora ignora dolosamente la tragedia.
Nuestra gestión esta ordenada a reclamar el pleno restablecimiento del estado de derecho, sustento de un orden justo, cimiento indispensable para alcanzar la paz. La paz que no es pacifismo conformista. Nosotros no pertenecemos a esa clase de pacifistas. Nuestro compromiso no es el de los tibios, menos en esta hora, en esta argentina difícil, profundamente confundida y degradada. Decía Mons. Aguer que “la paz social depende de la plena vigencia de ese conjunto de relaciones de justicia”. La concordia, como bien dice Santo Tomás, no implica la unidad de opiniones, pues nada impide que los amigos opinen distinto sobre cuestiones diversas; no se trata, tampoco, de concordar sobre cualquier cosa sino sobre aquello que es provechoso a la Ciudad, es decir, lo que hace al bien de la Ciudad.
Es perentorio recuperar un valor propiamente político, cual es la concordia o amistad política a los efectos de un nuevo comienzo, con las ventajas consiguientes para la sociedad en su conjunto. El Ministro Carlos Fayt, en sus disidencias en los fallos de la Corte que anularon las leyes denominadas de “Punto Final” y “Obediencia Debida”, ha señalado que, tanto amnistías como indultos consisten en “una potestad de carácter público instituida por la Constitución Nacional, que expresa una determinación de la autoridad final en beneficio de la comunidad”, relacionada con los objetivos del Preámbulo de consolidar la paz interior y promover el bienestar general.
La amnistía es un acto de recíproco olvido, quien la recibe debe devolverla y quien la da debe saber que él también la recibe. Marca un olvido, tanto de las injusticias pasadas y sufridas, como de someterlas al veredicto de la justicia presente o futura
Urge, en vísperas del bicentenario, volver al cauce de la constitución histórica, recurriendo a los remedios que están en su texto y que ninguna convención internacional ha abolido, que permitirían afianzar la paz interior y superar las secuelas más dolorosas de nuestra guerra, mediante una generosa ley de amnistía.
Que Dios nos ayude.
Buenos Aires, marzo 4 de 2010
Hace algo mas de un año, dos abogados, Juan Ignacio Ymaz y Mariano Gradin, este último aquí presente, a quienes les reiteramos nuestro homenaje, sensibles a la situación que vivían nuestros presos políticos, imaginaron la necesidad de agrupar abogados para visitar las cárceles, actividad que el primero hacía desde tiempo atrás.
Esta fue la semilla que muy pronto germinó. Ya en enero de 2009 éramos casi veinte, cuando formalizamos la Asociación, en agosto de ese año fuimos doscientos y hoy somos alrededor de trescientos abogados, además de los numerosos adherentes.
Si bien acerca de este drama siempre tuve la misma posición y pensamiento, luego de mi primera visita a la cárcel de Marcos Paz, y compartir un par de horas con los cautivos, asumí el firme compromiso de ocuparme en la medida de mis posibilidades, de la suerte de estos hombres sometidos al escarnio de ese injusto y vejatorio encierro. Cito mi experiencia por cuanto es la que mas conozco. Pero ello nos pasó a todos quienes iniciamos la concurrencia metódica a las cárceles de Marcos Paz, Ezeiza, Campo de Mayo y Villa Devoto. Desde hace más de un año, los abogados de nuestra Asociación, hemos tenido presencia todos los miércoles en estos sitios de cautiverio. Puedo asegurarles que luego de cada visita salimos edificados en nuestro espíritu y resueltos a luchar para procurar la libertad de estos hombres, que en su momento cumplieron con su deber de soldados en defensa de los valores sustantivos de la patria. Desde esta experiencia, frente a esta realidad, ningún argentino bien nacido puede permanecer indiferente.
Esta fue la semilla que dio origen a nuestra Asociación de Abogados para la Justicia y la Concordia, y será siempre el motivo que animará nuestra gestión.
Cuando conformamos nuestra Asociación, lo hicimos escandalizados por las violaciones a los derechos humanos y a las más elementales garantías constitucionales que se estaban negando en los juicios por los hechos ocurridos en la guerra de los años 70.
Hace medio siglo aparecieron los primeros focos de la guerrilla rural en la provincia de Tucumán, y de la acción de estos y otros grupos que en los años siguientes recurrieron a la violencia, fue expandiéndose una verdadera guerra interior. El conflicto se acentuó en la década del 70. Lamentablemente, al restablecerse en 1973 el régimen constitucional, las tres primeras medidas del Congreso y del Poder Ejecutivo fueron disolver la Cámara Federal en lo Penal con competencia para juzgar a los imputados de hechos terroristas, derogar la legislación penal que sancionaba tales conductas y liberar a todos los imputados, incluso procesados y legítimamente condenados por actos terroristas. La guerra adquirió una intensidad sin precedente. Diariamente ocurrían homicidios, secuestros, usurpaciones, asaltos y otros gravísimos delitos.
A partir de decretos dictados por Isabel Perón e Italo Luder, ante una situación caótica que desbordaba a las instituciones policiales, en 1975 se ordenó a las fuerzas armadas que aniquilaran el accionar terrorista. La guerra prosiguió con su secuela de excesos, hasta que finalmente la embestida guerrillera quedó bajo control, con muy aislados brotes de violencia.
La Argentina había encarado un proceso de pacificación mediante la solución implementada con el dictado de las leyes de amnistía o perdón llamadas de punto final y de obediencia debida, para aquellos que cumplían funciones subordinadas, leyes que fueron convalidadas por la CSJN. Esta política fue continuada y profundizada por los presidentes Menem, De la Rua y Duhalde, mediante los indultos, hasta que el gobierno de Kirchner, trastocó todo, instaurando el aberrante régimen de venganza, enfrentamiento e ilegalidad que vivimos hoy.
Lo hizo removiendo a los integrantes de lo que el llamaba la “mayoría automática” de la Corte del Presidente Menem, sólo para reemplazarla por otra “mayoría automática” en lo que a esta materia respecta, que le asegurara la reapertura de todos los juicios a militares e integrantes de las fuerzas de seguridad. Sólo a ellos y no a los guerrilleros que tomaron las armas contra el estado argentino, muchos de los cuales hoy ocupan importantes cargos en el gobierno.
Mediante fallos condenados por los más ilustres autores de la Argentina, incluida la Academia Nacional de Derecho, en dictamen unánime, esta Corte ha barrido principios liminares del derecho, entre ellos el de legalidad (Art.18, CN), irretroactividad de la ley penal, aplicación de la ley penal más benigna y cosa juzgada. Principios éstos cuya instalación y vigencia insumió siglos de la historia de Occidente.
Revisaron decisiones soberanas de los otros dos poderes y les quitaron insólitamente los instrumentos –facultad de dictar amnistías e indultos- que la Constitución les dio para lograr el fin perseguido en el Preámbulo: consolidar la paz interior.
Hoy hay más de 700 presos políticos, y son presos políticos por cuanto su detención obedece a una decisión política, inspirada en oscuros designios ideológicos. Para ello, el gobierno se vale de la complicidad de jueces miedosos y corruptos. Estos deben saber que enfrente tienen a trescientos abogados que los estamos mirando. Se sigue deteniendo gente- todos mayores o ancianos, muchos de los cuales tenían 20 años o poco más en épocas de la guerra, que son los únicos a las cuales se les niega en la Argentina las más elementales garantías de que goza un ciudadano: les niegan la excarcelación; los mantienen detenidos 5 o 6 años sin condena (contra todo que dicen los Tratados de DDHH), se los mantiene en cárceles pese a tener más de 70 años. Han muerto en cautiverio más de 80 de ellos- Hoy tenemos que lamentar la muerte del Tte.Cnel. Zimmermann, nueva víctima de este lacerante proceso Los presos políticos son víctimas de la persecución judicial organizada por el gobierno argentino y de la fenomenal campaña de propaganda montada para desvirtuar un lamentable conflicto caracterizado como guerra civil revolucionaria por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la época del presidente Alfonsín (1983-1989).
.Al asumir las autoridades constitucionales el 10 de diciembre de 1983 resolvieron enjuiciar a los comandantes en jefe, sustanciándose un proceso ante el Consejo Supremo y, simultáneamente, dispusieron denunciar a los dirigentes de la guerrilla en actuaciones que tuvieron limitada proyección. En cambio, los tribunales federales, después de abocarse al conocimiento de los procesos castrenses, vulnerando la garantía del juez natural, avanzaron hacia toda la línea de mando de las fuerzas armadas, de seguridad y policiales, sin excluir a quienes ostentaban las jerarquías más modestas como oficiales o suboficiales.
A partir de 1987, surgieron levantamientos militares que finalmente fueron superados con la sanción de las leyes de punto final y obediencia debida. También los imputados de hechos subversivos fueron incluidos por el Congreso entre los beneficiados con la extinción de las acciones penales. Finalmente, en 1989 y 1990, se dictaron amplios decretos de indulto para todos los que participaron en la guerra.
Ante el estupor de muchos que consideraban superado el conflicto, e impulsada por motivaciones ideológicas y resentimientos, la confrontación resurgió y, con auspicio oficial, se forjó una visión asimétrica y unilateral del último medio siglo, en la que los agresores de la sociedad civil quedaron transformados en "jóvenes idealistas" que habían sido injustamente perseguidos.
En los últimos seis años, se acentuó el hostigamiento contra militares y policías. Se anularon los indultos que habían sido homologados por la Corte Suprema; el Congreso anuló las leyes que habían extinguido las acciones penales, reabrió los procesos y vulneró la garantía de la cosa juzgada; asimismo, ejecutó un amplio abanico de medidas persecutorias que sólo sirven para profundizar la discordia y frustrar la necesaria unión nacional.
De esta forma, cientos de militares con destacados servicios y carreras impecables, después de haber permanecido sin objeción en sus respectivas fuerzas, ascendido a jerarquías superiores en plena democracia, comenzaron a ser imputados por la justicia por hechos de casi treinta años atrás, detenidos y sometidos a un largo encarcelamiento sin pena ni juicio. El mismo Estado que durante un gobierno constitucional les encargó aniquilar las fuerzas irregulares que sumieron al país en la violencia de una guerra revolucionaria; el mismo Estado que les impartió luego las órdenes de combate mediante las cuales derrotaron a las organizaciones terroristas, el mismo Estado que dictó leyes que significaron tres amnistías sucesivas, el mismo Estado que revisó prolijamente sus casos y los mantuvo en actividad después, durante una década y media, sin cuestionar su conducta, cambia radicalmente de postura muchos años después para instalar una persecución tardía e ilegal.
La situación es hoy extremadamente grave porque, contrariamente a lo resuelto por la Cámara Federal cuando juzgó a los comandantes, en el sentido de que la defensa de la sociedad agredida había sido monopolizada por las fuerzas militarizadas, sin participación de los funcionarios que cumplían actividades civiles, ahora se pretende extender a estos sectores la responsabilidad por las extralimitaciones cometidas en el curso de la guerra. Al convalidar la detención del ex ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, Dr. Jaime Smart, la cámara del distrito llegó al extremo de sostener que la sola circunstancia de haber aceptado y desempeñado tal cargo es suficiente para involucrarlo en la ejecución de hechos en los que no tuvo ni pudo tener participación alguna. Con esta nueva línea jurisprudencial, la revancha ya no tiene límites.
La cuestión no es ya meramente jurídica, sino de naturaleza moral. No es el horror de la guerra lo que está bajo examen, sino la opción sistemática por alternativas que, transcurridos casi cuarenta años desde que comenzara la etapa más violenta de la contienda, alientan el odio y la desintegración social, al empujar a los más extremados a reacciones graves e imprevisibles. Son ya cerca de setecientos los presos políticos y el número crece de modo inquietante. Digo bien, se trata de presos políticos. No se puede seguir hablando de República, de derechos humanos y Estado de derecho mientras subsista esta ominosa situación.
Se mantiene a la Justicia Federal ocupada casi con exclusividad en el juzgamiento de estos hechos ocurridos hace 30 años, cuando es la misma Justicia Federal la que debe investigar en todo el país los actos de corrupción de los funcionarios del gobierno, la que juzga los delitos de tenencia de armas y tráfico de drogas.
Como resultado, a los ciudadanos nos matan como perros, reina la impunidad para los funcionarios y los delincuentes; se envía un mensaje muy claro a las fuerzas de seguridad de no intervención: sólo sus miembros no gozan de los derechos procesales mínimos cuando se los juzga, se mantiene al país enfrentado alimentando rencores del pasado, y todo en un marco de completa ilegalidad.
. Abel Posse , en un formidable artículo publicado hace algún tiempo en La Nación, que provocó la ira de la izquierda y de casi toda la dirigencia política frívola, afirmaba que “ con persistencia gramciana, los guerrilleros que rodean a los Kirschner aunque ya estaban generosamente indemnizados por sus derrotas de los 70, lograron afirmar la teoría de demoler las Fuerzas Armadas, lograr que los policías se sientan mas amenazados e inhibidos en la tarea de represión de los delincuentes en su agresión y que la justicia se ausenta en este proceso de crisis, sin reaccionar con energía ante la creciente criminalidad. Concediendo excarcelaciones a una gran cantidad de delincuentes, incluso en casos de asesinatos y uso de armas”. Debemos agregar, mientras mantiene encerrados ilegalmente a quienes, como los jueces son concientes, de ningún modo su libertad significa el menor riesgo para la sociedad.
Rechazamos, por razones morales, que se cometan las mismas aberraciones jurídicas con quienes hoy gozan de los favores oficiales y desempeñan altísimos cargos en los tres poderes del Estado nacional. Las acciones penales contra todos los contendientes están irreversiblemente extinguidas y así deberán declararlo en algún momento los jueces, si la Justicia es finalmente restablecida. Porque, como lo ha declarado la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales en su dictamen del 25 de agosto de 2005, descalificó la línea jurisprudencial iniciada a partir de 2004, "los principios de legalidad, irretroactividad de la ley penal, ley penal más benigna, cosa juzgada, derechos adquiridos, no sólo están en el texto de la Constitución nacional, sino en su espíritu y, más aún, constituyen la esencia del constitucionalismo clásico de los siglos XVIII y XIX, principios que no han sido modificados por las etapas posteriores del constitucionalismo, que tienen varios siglos de vigor y que nunca han sido cuestionados".
La Convención Reformadora de 1994, en la misma sesión plenaria que aprobó la redacción del actual artículo 75, inciso 22, y otorgó jerarquía constitucional a varios convenios internacionales, rechazó la pretensión de que los delitos de lesa humanidad fueran imprescriptibles y no susceptibles de amnistía, indulto o conmutación. Sobre el punto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos autorizan la amnistía y el indulto "en todos los casos", incluso "para los delitos más graves".
¿Cómo es posible que ahora se reclame que los jueces juzguen y condenen rápidamente a quienes ya han sido amnistiados o indultados por delitos que, además, se encuentran prescriptos?
Todo esto configura un verdadero desvarío jurídico que incrementa el rencor y el resentimiento. Queda así en evidencia que no median obstáculos jurídicos genuinos que impidan recurrir a medidas pacificadoras, como lo hicieron los pueblos sabios, en Europa y en América, para aplacar los odios engendrados por los enfrentamientos internos.
Necesitamos llegar al Bicentenario con la Nación en paz, y para ello es preciso proceder con grandeza, y levantar las banderas de la concordia y la reconciliación. Ello exige como premisa concluir con la prédica de la inquina y la venganza.
No pretendemos reivindicar en particular a nadie. Simplemente denunciamos que si consentimos la violación de los principios constitucionales penales, no importa a cuál de nuestros adversarios le sea aplicado, estaremos poniendo en peligro la libertad de todos los ciudadanos para el futuro y abriendo las puertas a la tiranía. Desconocer el principio de legalidad -Art. 18 de la CN –que es el que contiene todas estas garantías- es el primer paso para la instauración de un grosero despotismo. Creo que si se tira abajo el principio de legalidad, en la República Argentina quedamos todos bajo libertad condicional.
Algunas de las acciones realizadas que podemos destacar, fueron nuestros viajes, a Rosario, donde nos entrevistamos con el Colegio de Abogados, familiares de presos políticos y visitas a la prisión federal y a la cárcel provincial. A Córdoba, donde nos entrevistamos con el vicepresidente de la Cámara Federal, familiares de los presos políticos, a quienes visitamos en el penal de Bower. Asimismo realizamos un acto público en la Bolsa de Comercio, con gran concurrencia. En ambas ciudades dejamos sentadas las bases para la conformación de asociaciones similares a la nuestra. En el mes de octubre organizamos una mesa redonda en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, con el tema “El Bicentenario la Justicia y la Concordia” a cargo de los Dres. José María Bandieri, Vicente Massot y Jorge Vanossi, donde también hubo una numerosa concurrencia. El 11 de noviembre en el marco del Congreso de la Unión Internacional de Juristas Católicos, celebrado en Madrid, nuestros consocios y miembros de la Mesa Directiva, Dres. Eduardo Bieule y Octavio Schindler, presentaron los objetivos de nuestra Asociación, junto a la denuncia de los hechos que dieron motivo a su fundación. Desde ya destacamos la relevancia de esta presentación, atento a la importancia de los representantes de los países concurrentes y la estrecha relación que mantiene la institución con la Santa Sede.
Hemos concurrido y seguiremos haciéndolo a las audiencias públicas en las distintas causas en que estén involucrados los presos políticos, muchas de ellas con bastante similitud a un circo romano.
Señores, debemos poner nuestro esfuerzo en despertar la conciencia de nuestra sociedad, influida por la historia mentirosa que aturde desde hace treinta años. Debemos empeñarnos en instalar el tema en la dirigencia política, que hasta ahora ignora dolosamente la tragedia.
Nuestra gestión esta ordenada a reclamar el pleno restablecimiento del estado de derecho, sustento de un orden justo, cimiento indispensable para alcanzar la paz. La paz que no es pacifismo conformista. Nosotros no pertenecemos a esa clase de pacifistas. Nuestro compromiso no es el de los tibios, menos en esta hora, en esta argentina difícil, profundamente confundida y degradada. Decía Mons. Aguer que “la paz social depende de la plena vigencia de ese conjunto de relaciones de justicia”. La concordia, como bien dice Santo Tomás, no implica la unidad de opiniones, pues nada impide que los amigos opinen distinto sobre cuestiones diversas; no se trata, tampoco, de concordar sobre cualquier cosa sino sobre aquello que es provechoso a la Ciudad, es decir, lo que hace al bien de la Ciudad.
Es perentorio recuperar un valor propiamente político, cual es la concordia o amistad política a los efectos de un nuevo comienzo, con las ventajas consiguientes para la sociedad en su conjunto. El Ministro Carlos Fayt, en sus disidencias en los fallos de la Corte que anularon las leyes denominadas de “Punto Final” y “Obediencia Debida”, ha señalado que, tanto amnistías como indultos consisten en “una potestad de carácter público instituida por la Constitución Nacional, que expresa una determinación de la autoridad final en beneficio de la comunidad”, relacionada con los objetivos del Preámbulo de consolidar la paz interior y promover el bienestar general.
La amnistía es un acto de recíproco olvido, quien la recibe debe devolverla y quien la da debe saber que él también la recibe. Marca un olvido, tanto de las injusticias pasadas y sufridas, como de someterlas al veredicto de la justicia presente o futura
Urge, en vísperas del bicentenario, volver al cauce de la constitución histórica, recurriendo a los remedios que están en su texto y que ninguna convención internacional ha abolido, que permitirían afianzar la paz interior y superar las secuelas más dolorosas de nuestra guerra, mediante una generosa ley de amnistía.
Que Dios nos ayude.
Buenos Aires, marzo 4 de 2010
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