"En las últimas elecciones presidenciales fue récord el índice de ausentismo de las autoridades de mesa designadas en la ciudad de Buenos Aires. Frente a ello, la justicia electoral decidió tomar medidas severas: esta vez castigará con las penas previstas por la ley, que incluyen condenas a prisión, a quienes faltaron. "
La jueza María Romilda Servini de Cubría, que ya inició más de 300 causas penales y prepara otras 1000, citó a indagatoria a los primeros acusados y podría enviar a más de un desertor a la cárcel.
La pena prevista por el Código Electoral para los ausentes que no puedan justificar su inasistencia es grave: prisión de seis meses a dos años. Hasta ahora, Servini jamás la aplicó y casi no hay antecedente de condenas en el país, pero la situación podría cambiar a partir de ahora.
El fiscal electoral Felipe Di Lello, que impulsa las investigaciones, explicó a La Nacion: “Hay que cumplir con lo que manda el Código Electoral. Estamos ante una creciente desvalorización de las cargas públicas que tienen los ciudadanos para con el buen funcionamiento de la democracia y el Estado”.
Es decir, la Justicia se cansó de que los porteños no se presentaran a cumplir con su deber y de tener que hacer malabarismos para cubrir las 6500 mesas de votación. Esta vez, como medida ejemplar, aplicará penas, que seguramente no serán de cumplimiento efectivo salvo en los casos de reincidencia.
"Lamentablemente, se va perdiendo la conciencia cívica, que es fundamental en nuestro sistema", dijo el juez Alberto Dalla Vía, miembro de la Cámara Nacional Electoral, el máximo tribunal de los comicios. "Nosotros no hacemos las normas, pero tenemos que cumplirlas. Posiblemente, si la gente ve que si no concurre, la sancionan, lo va a tener en cuenta la próxima vez", afirmó.
Mientras tanto, se vuelve a analizar la posibilidad de recurrir sólo a maestros como autoridades de mesa. Lo está estudiando el Foro para la Reforma Política, que agrupa a partidos de la oposición, y es una idea que cuenta con el beneplácito del director nacional electoral, Alejandro Tullio. El funcionario advirtió, no obstante, que es la Justicia (y no el Gobierno) la responsable de la designación y del control de las autoridades (ver aparte).
En estos momentos, en el subsuelo del Palacio de los Tribunales, donde funciona el juzgado electoral, todos los días se abren entre 20 y 30 causas nuevas, y hay una oficina con cuatro empleados dedicados exclusivamente a estos expedientes.
"El trabajo es monstruo
so", relató un funcionario del juzgado. "Vamos a investigar a todos los que fueron nombrados autoridades de mesa y no se presentaron."
Primera etapa
En la primera etapa, se está indagando a los notificados por medio de actas policiales; después será el turno de los que recibieron telegramas del correo.
Este grupo contempla varias categorías: cuando el telegrama lo recibió el propio destinatario, cuando lo recibió otra persona (a quién también debe citarse a declarar), cuando se le dejó el aviso y el destinatario no fue a buscar el telegrama al correo y cuando él se mudó y no informó el cambio de domicilio, a pesar de que la ley lo obliga a hacerlo.
La fiscalía de Di Lello absorbió parte del trabajo y tiene 136 investigaciones delegadas. En esas causas, se informó a los acusados que se los está investigando y se los invitó a presentarse voluntariamente a la Justicia.
En el juzgado de Servini advierten, además, que van a ser estrictos al analizar las excusaciones. Quien alegue que estaba enfermo, por ejemplo, deberá presentar una constancia de un establecimiento público. No bastará con la de su médico particular.
Servini ya había intentado castigar a los desertores de otras elecciones, pero encontró muchas dificultades tecnológicas para cruzar los datos. En el interior, donde las mesas eran menos, hubo algunos antecedentes de sanciones y este año volvieron a abrirse causas. En Neuquén se aplicaron tareas comunitarias como castigo (algo que no descarta la justicia porteña), y en el juzgado electoral de Santa Cruz tienen un antecedente de condena penal.
Todo lo contrario sucedió en las últimas elecciones para jefe de Gobierno porteño, cuando las ausencias fueron perdonadas. Los legisladores votaron una amnistía que alcanzó a los que no votaron, a las autoridades de mesa que no cumplieron con su deber y hasta a los candidatos que burlaron la ley electoral.
Votantes despreocupados
La Justicia todavía no sabe cuántos fueron los porteños convocados como autoridades que faltaron en octubre pasado (no terminó con el cruce de datos), pero no duda que nunca fueron tantos.
De las primeras investigaciones surgió incluso que hubo quienes no se presentaron como presidentes de mesa, pero fueron a votar naturalmente.
Fuentes judiciales explicaron que se habían tomado los recaudos para tener las autoridades necesarias. Se designaron tres por mesa, es decir que se libraron originalmente unos 18.000 telegramas. Como muchos volvieron rechazados, se reemplazaron con nuevas designaciones y, de todos modos, a último momento hubo que recurrir a más de 1000 empleados de Tribunales. Aún así, les costó constituir las mesas.
El 26 de octubre, a dos días de las elecciones, el 92 por ciento de las autoridades citadas había rechazado la convocatoria.
Entonces, la Corte autorizó que se llamara a funcionarios judiciales. De todos modos, se anunció formalmente que los desertores serían castigados. Los miembros de la junta electoral de la Capital -Servini de Cubría, Oscar Ameal y Marta Herrera- firmaron una resolución en la que advirtieron que los designados presidentes de mesa o suplentes deberían "cumplir con las obligaciones" que les fija el Código en tanto se mantenían "en vigor las penas previstas por el ordenamiento". De acuerdo con los resultados, la amenaza no funcionó. "
La pena prevista por el Código Electoral para los ausentes que no puedan justificar su inasistencia es grave: prisión de seis meses a dos años. Hasta ahora, Servini jamás la aplicó y casi no hay antecedente de condenas en el país, pero la situación podría cambiar a partir de ahora.
El fiscal electoral Felipe Di Lello, que impulsa las investigaciones, explicó a La Nacion: “Hay que cumplir con lo que manda el Código Electoral. Estamos ante una creciente desvalorización de las cargas públicas que tienen los ciudadanos para con el buen funcionamiento de la democracia y el Estado”.
Es decir, la Justicia se cansó de que los porteños no se presentaran a cumplir con su deber y de tener que hacer malabarismos para cubrir las 6500 mesas de votación. Esta vez, como medida ejemplar, aplicará penas, que seguramente no serán de cumplimiento efectivo salvo en los casos de reincidencia.
"Lamentablemente, se va perdiendo la conciencia cívica, que es fundamental en nuestro sistema", dijo el juez Alberto Dalla Vía, miembro de la Cámara Nacional Electoral, el máximo tribunal de los comicios. "Nosotros no hacemos las normas, pero tenemos que cumplirlas. Posiblemente, si la gente ve que si no concurre, la sancionan, lo va a tener en cuenta la próxima vez", afirmó.
Mientras tanto, se vuelve a analizar la posibilidad de recurrir sólo a maestros como autoridades de mesa. Lo está estudiando el Foro para la Reforma Política, que agrupa a partidos de la oposición, y es una idea que cuenta con el beneplácito del director nacional electoral, Alejandro Tullio. El funcionario advirtió, no obstante, que es la Justicia (y no el Gobierno) la responsable de la designación y del control de las autoridades (ver aparte).
En estos momentos, en el subsuelo del Palacio de los Tribunales, donde funciona el juzgado electoral, todos los días se abren entre 20 y 30 causas nuevas, y hay una oficina con cuatro empleados dedicados exclusivamente a estos expedientes.
"El trabajo es monstruo
so", relató un funcionario del juzgado. "Vamos a investigar a todos los que fueron nombrados autoridades de mesa y no se presentaron."Primera etapa
En la primera etapa, se está indagando a los notificados por medio de actas policiales; después será el turno de los que recibieron telegramas del correo.
Este grupo contempla varias categorías: cuando el telegrama lo recibió el propio destinatario, cuando lo recibió otra persona (a quién también debe citarse a declarar), cuando se le dejó el aviso y el destinatario no fue a buscar el telegrama al correo y cuando él se mudó y no informó el cambio de domicilio, a pesar de que la ley lo obliga a hacerlo.
La fiscalía de Di Lello absorbió parte del trabajo y tiene 136 investigaciones delegadas. En esas causas, se informó a los acusados que se los está investigando y se los invitó a presentarse voluntariamente a la Justicia.
En el juzgado de Servini advierten, además, que van a ser estrictos al analizar las excusaciones. Quien alegue que estaba enfermo, por ejemplo, deberá presentar una constancia de un establecimiento público. No bastará con la de su médico particular.
Servini ya había intentado castigar a los desertores de otras elecciones, pero encontró muchas dificultades tecnológicas para cruzar los datos. En el interior, donde las mesas eran menos, hubo algunos antecedentes de sanciones y este año volvieron a abrirse causas. En Neuquén se aplicaron tareas comunitarias como castigo (algo que no descarta la justicia porteña), y en el juzgado electoral de Santa Cruz tienen un antecedente de condena penal.
Todo lo contrario sucedió en las últimas elecciones para jefe de Gobierno porteño, cuando las ausencias fueron perdonadas. Los legisladores votaron una amnistía que alcanzó a los que no votaron, a las autoridades de mesa que no cumplieron con su deber y hasta a los candidatos que burlaron la ley electoral.
Votantes despreocupados
La Justicia todavía no sabe cuántos fueron los porteños convocados como autoridades que faltaron en octubre pasado (no terminó con el cruce de datos), pero no duda que nunca fueron tantos.
De las primeras investigaciones surgió incluso que hubo quienes no se presentaron como presidentes de mesa, pero fueron a votar naturalmente.
Fuentes judiciales explicaron que se habían tomado los recaudos para tener las autoridades necesarias. Se designaron tres por mesa, es decir que se libraron originalmente unos 18.000 telegramas. Como muchos volvieron rechazados, se reemplazaron con nuevas designaciones y, de todos modos, a último momento hubo que recurrir a más de 1000 empleados de Tribunales. Aún así, les costó constituir las mesas.
El 26 de octubre, a dos días de las elecciones, el 92 por ciento de las autoridades citadas había rechazado la convocatoria.
Entonces, la Corte autorizó que se llamara a funcionarios judiciales. De todos modos, se anunció formalmente que los desertores serían castigados. Los miembros de la junta electoral de la Capital -Servini de Cubría, Oscar Ameal y Marta Herrera- firmaron una resolución en la que advirtieron que los designados presidentes de mesa o suplentes deberían "cumplir con las obligaciones" que les fija el Código en tanto se mantenían "en vigor las penas previstas por el ordenamiento". De acuerdo con los resultados, la amenaza no funcionó. "
Por Paz Rodríguez Niell
De la Redacción de LA NACION
SIN EMBARGO LA MISMA JUEZA HACE LA VISTA GORDA SOBRE LA VENALIDAD DE LA BANDA PARTIDOCRATICA Y EN ESPECIAL DEL KIRCHNERISMO:
"Los Politicos eludieron las sanciones
Lejos de la ofensiva que resolvió contra las autoridades de mesa que incumplieron su papel el día de la última votación, la jueza federal María Servini de Cubría se había mostrado más indulgente en las investigaciones sobre eventuales transgresiones de los políticos a la ley electoral.
En 2006 fue ella quien dictó un polémico fallo en el que, con una interpretación particular de la ley de financiamiento electoral, evitó sancionar al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y al ahora superintendente de Seguridad Social, Héctor Capaciolli, pese a que la campaña presidencial de Néstor Kirchner en 2003 -de la que ellos eran responsables- había superado los límites de gastos que impone la ley. La misma transgresión -también perdonada- había sido cometida por los jefes de la campaña de Carlos Menem.
Tras esas elecciones, un cuerpo de auditores nombrado por la Cámara Electoral comprobó que varios de los candidatos no habían informado el monto real del dinero que usaron. Confrontando los informes presentados por los partidos con las facturas y documentos recolectados entre empresas anunciantes, medios de comunicación e imprentas, determinaron que el sector de Menem había declarado 11 millones de pesos menos de los efectivamente gastados; el frente kirchnerista había hecho lo propio con 2,2 millones menos. Además, hubo empresas que hicieron aportes que superaban lo permitido.
La jueza interpretó que los gastos que hacen empresas privadas en favor de un candidato no deben ser computados a los efectos de decidir si el partido se excedió en el límite legal de gastos. Tampoco se dictaron sanciones por los excesos en el gasto de las campañas porteñas de 2003 y 2005.
En las últimas elecciones presidenciales, hubo denuncias sobre el uso de bienes del Estado en favor de la campaña kirchnerista, pero no hubo avances en la investigación de esa supuesta irregularidad. "
En 2006 fue ella quien dictó un polémico fallo en el que, con una interpretación particular de la ley de financiamiento electoral, evitó sancionar al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y al ahora superintendente de Seguridad Social, Héctor Capaciolli, pese a que la campaña presidencial de Néstor Kirchner en 2003 -de la que ellos eran responsables- había superado los límites de gastos que impone la ley. La misma transgresión -también perdonada- había sido cometida por los jefes de la campaña de Carlos Menem.
Tras esas elecciones, un cuerpo de auditores nombrado por la Cámara Electoral comprobó que varios de los candidatos no habían informado el monto real del dinero que usaron. Confrontando los informes presentados por los partidos con las facturas y documentos recolectados entre empresas anunciantes, medios de comunicación e imprentas, determinaron que el sector de Menem había declarado 11 millones de pesos menos de los efectivamente gastados; el frente kirchnerista había hecho lo propio con 2,2 millones menos. Además, hubo empresas que hicieron aportes que superaban lo permitido.
La jueza interpretó que los gastos que hacen empresas privadas en favor de un candidato no deben ser computados a los efectos de decidir si el partido se excedió en el límite legal de gastos. Tampoco se dictaron sanciones por los excesos en el gasto de las campañas porteñas de 2003 y 2005.
En las últimas elecciones presidenciales, hubo denuncias sobre el uso de bienes del Estado en favor de la campaña kirchnerista, pero no hubo avances en la investigación de esa supuesta irregularidad. "
Diario La Nacion
Antecedentes Criminales del fiscal Jorge Di Lello:
05-04-70: Fue detenido a raíz de la investigación practicada con motivo de la explosión ocurrida en el domicilio de Di Lello en la calle White 126 de esta Capital. En la ocasión, personal de la Cría. 40ª instruyó sumario por "Asociación Ilícita, Inf. Art.189 bis del C.P. y averiguación intimidación pública", causa en la que intervino el Juez Federal Miguel INCHAUSTI, Secretaría del Dr. DÍAZ LESTREM. Surge que en la casa mencionada, funcionaba una célula extremista, resultando heridos como consecuencia de la explosión Enrique CELESIA y Roberto ATRIP - conocidos dirigentes extremistas. Por otra parte, en la inspección realizada en el domicilio de Di Lello se procedió al secuestro de gran cantidad de material ideológico izquierdista."
"17-05-73: Por resolución de la Excma. Cámara en lo Criminal y Correccional Federal, con la firma, entre otros, del Juez Genaro PEÑA GUZMAN se dispone la inmediata libertad de Di Lello (Prio. C.F. 2.496), en virtud de haber sido reformada la sentencia y condenado a dos años de prisión en suspenso por tenencia de explosivos y absuelto por el delito de asociación ilícita."
"10-06-70: Se sobreseyó parcial y provisionalmente en la causa 5267 denominada "Intimidación Pública y daño en Plaza Miserere" a Di Lello, con fecha 22 de mayo de 1970, por orden del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº3 a cargo del Dr. Jorge Alberto AGUIRRE, Secretaría Nº14 a cargo del Dr. Luis M. RAGUCCI (h)."
"05-06-73: Causa 1573/70, caratulada "ATRIP, Norberto Eduardo y otros p/ asociación ilícita, tenencia de explosivos y presunta intimidación pública (arts.210, 189 bis y 211 del C.P.)"; Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal Federal Nº4, a cargo del Dr. Miguel A. INCHAUSTI, Secretaría Nº13 a cargo del Dr. Guillermo DÍAZ LESTREM. La Excma. Cámara del fuero resolvió declarar extinguida la condena impuesta a Jorge Felipe DI LELLO, cesando en consecuencia todos los efectos del pronunciamiento."
"11-12-75: Causa 2306/71 caratulada "DI LELLO, Jorge por Infracción al Art.44 de la ley 17.531": Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº1 a cargo del Dr. Alfredo NOCETTI FASOLINO, Oficina Leyes Militares. Se dispuso dejar sin efecto el PEDIDO DE CAPTURA del causante, clase 1949, M.I. 08.007.649, solicitando con fecha 10 de mayo del año 1972. Por resolución del día de la fecha se declaró extinguida la acción penal por AMNISTÍA y se sobreseyó definitivamente en la referida causa y con respecto al aludido DI LELLO, por aplicación de los arts. 1º de la Ley 21.135, 59 inc.2º del C.P., 443 inc.5º y 454 del C.P.C."
"Jorge Felipe Di Lello (D.N.I. Nº 8.007.649), clase 49, luego de los procesos enumerados, pasó a militar en la agrupación subversiva Montoneros. Actualmente vive en un barrio cerrado en la localidad de Alejandro Petión, Cañuelas, Ruta 205 Nº5450, Casa 85, con tel.: Hoy es fiscal en numerosas causas, relacionadas con la justicia electoral y tiene tambien a su cargo las que fueron iniciadas por la tirania kirchnerista contra los dirigentes del campo. Fue designado en el lugar que ocupa por Menem. Se trata de un "fiscal de la servilleta" apadrinado por el ex ministro Carlos Vladimiro Corach.
"17-05-73: Por resolución de la Excma. Cámara en lo Criminal y Correccional Federal, con la firma, entre otros, del Juez Genaro PEÑA GUZMAN se dispone la inmediata libertad de Di Lello (Prio. C.F. 2.496), en virtud de haber sido reformada la sentencia y condenado a dos años de prisión en suspenso por tenencia de explosivos y absuelto por el delito de asociación ilícita."
"10-06-70: Se sobreseyó parcial y provisionalmente en la causa 5267 denominada "Intimidación Pública y daño en Plaza Miserere" a Di Lello, con fecha 22 de mayo de 1970, por orden del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº3 a cargo del Dr. Jorge Alberto AGUIRRE, Secretaría Nº14 a cargo del Dr. Luis M. RAGUCCI (h)."
"05-06-73: Causa 1573/70, caratulada "ATRIP, Norberto Eduardo y otros p/ asociación ilícita, tenencia de explosivos y presunta intimidación pública (arts.210, 189 bis y 211 del C.P.)"; Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal Federal Nº4, a cargo del Dr. Miguel A. INCHAUSTI, Secretaría Nº13 a cargo del Dr. Guillermo DÍAZ LESTREM. La Excma. Cámara del fuero resolvió declarar extinguida la condena impuesta a Jorge Felipe DI LELLO, cesando en consecuencia todos los efectos del pronunciamiento."
"11-12-75: Causa 2306/71 caratulada "DI LELLO, Jorge por Infracción al Art.44 de la ley 17.531": Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº1 a cargo del Dr. Alfredo NOCETTI FASOLINO, Oficina Leyes Militares. Se dispuso dejar sin efecto el PEDIDO DE CAPTURA del causante, clase 1949, M.I. 08.007.649, solicitando con fecha 10 de mayo del año 1972. Por resolución del día de la fecha se declaró extinguida la acción penal por AMNISTÍA y se sobreseyó definitivamente en la referida causa y con respecto al aludido DI LELLO, por aplicación de los arts. 1º de la Ley 21.135, 59 inc.2º del C.P., 443 inc.5º y 454 del C.P.C."
"Jorge Felipe Di Lello (D.N.I. Nº 8.007.649), clase 49, luego de los procesos enumerados, pasó a militar en la agrupación subversiva Montoneros. Actualmente vive en un barrio cerrado en la localidad de Alejandro Petión, Cañuelas, Ruta 205 Nº5450, Casa 85, con tel.: Hoy es fiscal en numerosas causas, relacionadas con la justicia electoral y tiene tambien a su cargo las que fueron iniciadas por la tirania kirchnerista contra los dirigentes del campo. Fue designado en el lugar que ocupa por Menem. Se trata de un "fiscal de la servilleta" apadrinado por el ex ministro Carlos Vladimiro Corach.
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