De acuerdo a una encuesta cualitativa propiciada por la Universidad Austral, la mayoría de los porteños afirma que la Ciudad de Buenos Aires se ha transformado en una ciudad insegura y peligrosa debido al avance de la delincuencia en los últimos años.Los datos arrojados por el estudio son alarmantes: el 66 por ciento de los 800 encuestados fue víctima de algún tipo de acción delictiva o violenta y el 79 por ciento considera que durante los últimos dos años se ha incrementado la cantidad de delitos cometidos en el distrito.
El ciudadano de Buenos Aires ha adoptado a la fuerza distintas formas y hábitos de prevención frente al la ola de inseguridad.
Por citar algunas de ellas, el estar alerta en los semáforos rojos cuando se va en auto; o al caminar observar a los motoqueros se ha transformado en un hábito recurrente entre los vecinos de la ciudad, que confirman el incresceendo del delito.
Un experto en seguridad pública afirma que se denuncia solo el 30% del delito que se comete en la calle; cifras alarmantes teniendo en cuenta la gran cantidad de hechos delictivos que son denunciados.
Los motivos principales de esta práctica ciudadana tienen que ver a que muchas veces se considera una pérdida de tiempo, ignorancia o sencillamente la respuesta está aferrada a la creencia popular que el denuniciar no contribuye a la mejora del servicio de seguridad que pagan todos los habitantes de la ciudad.
Por el contrario, la encuesta realizada afirma que lo único que contribuye a fortalecer la seguridad son la presencia de cámaras de televisión o lisa y llanamente la difusión de delito propiamente dicho através de los medios.
Mientras los índices del delito callejero siguen en aumento y la población reclama políticas públicas de seguridad, el Estado argentino sancionó un proyecto de ley que consiste en exigir la entrega de las armas que estén en poder de particulares, dentro de un novedoso plan oficial que consiste en pagar dinero en efectivo por cada arma que la autoridad recibiera, sin pedir explicación alguna de su procedencia.
El sistema de control de armas que se aplica en el país garantiza de modo efectivo la seguridad común; es del circuito ilegal (armas nunca declaradas, contrabando o robo) de donde provienen las que son utilizadas en hechos de violencia, por lo que es improbable que esas sean entregadas voluntariamente.
Además del delito propiamente dicho, Buenos Aires está sufriendo desde hace un tiempo un proceso de fabelización de su territorio, que dicho sea de paso, más tiene que ver con un país subdesarrollado que de progreso y crecimiento a tasas asiáticas.
La creciente ocupación de nuevos asentamientos, sumado a la expansión de las villas de emergencias, dan un marco mas que apetecible para la instalación de los carteles de producción de drogas.
Argentina ha dejado de ser un país de tránsito para transformarse en un país de producción, venta y exportación de drogas hacia países limítrofes y otros continentes.
Los allanamientos de instalaciones, sumado al crecimiento en la importación de los precursores químicos sin un registro de los importadores, y la despenalización del consumo, generará inevitablemente - por definición de los especialistas - un incremento inusitado del narcotráfico de tamaña dimensión que harán imposible actuar sobre la prevención del delito.
Por el contrario, las fuerzas de seguridad entrarán en acción una vez que el delito se haya cometido.
Por otra parte, el creciente número de asentamientos que rodean a la Ciudad de Buenos Aires es asombroso: no menos de 32 asentamientos ilegales en zonas de deplorables condiciones de hacinamiento, donde las ambulancias no llegan, y la policía muy a menudo tampoco.
Actualmente en las villas ya no existe no sólo un delivery de drogas permanente sino que son varios los proveedores.
Quienes conocen esas zonas cuentan que es habitual lo que en la jerga denominan “el canje narco”, cambiar lo que sea desde electrodomésticos hasta cobre y caños, robados o propios, para conseguir una dosis marihuana o sólo de Paco.
El avance de las bandas es cada vez más rápido, tanto que podría ser imparable como ocurrió en la 1.11.14, territorio señalado como en poder de los narcos peruanos que están en la Argentina traficando droga y armando un verdadero reinado.
En la villa 9 de Julio ocurrió algo distinto, los “pibes chorros” del barrio intentaron adueñarse del negocio de la droga. La respuesta no se hizo esperar y hubo una lluvia de tiros.
Hacia principio de 2009, Gustavo Posse, defendía su iniciativa de construir un muro para separar su municipio del de San Fernando por cuestiones de seguridad y advirtió que en el Gran Buenos Aires "vamos hacia la favelización".
"Los delincuentes, hoy día y en todo el área metropolitana, tienen GPS, tienen elementos de comunicación compleja, entonces, si dejamos que nuestras villas, y el resto de los municipios, vuelvan a estar operativas, esta situación se va a tornar insostenible", soslayaba por aquel entonces el funcionario comunal.
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